Situación Política de Puerto Rico
antes del conflicto legislativo de
16 de marzo de 1909

El día 12 de Enero de 1909 la Junta Central del Partido Unión de Puerto Rico, reunida en sesión conjunta con los treinta y cuatro miembros de la Cámara de Delegados, después de elocuentes y razonados debates, tendentes á fijar la línea de conducta política que debía seguirse durante el periodo legislativo, adoptó la siguiente resolución:

Por cuanto, los centros ejecutivos de la Isla rehúsan el concurso de la opinión insular, gobiernan y administran á su arbitrio y pretenden convertir en una triste farsa la representación legislativa electa por los ciudadanos.

La Junta Central, de acuerdo con los representantes del pueblo, declara:

1—Que es á toda costa necesario actuar enérgicamente contra la subsistencia del bill Foraker, que destruye la personalidad de Puerto Rico, y contra la forma en que están aplicándola los centros ejecutivos.

2—Que no procede, sin embargo, realizar ningún acto de oposición sistemática, y sólo habrá de entenderse que la Cámara adopta una situación de irrevocable independencia.

3—Que la Cámara de Delegados debe votar y sostener leyes de carácter autonómico para la vida entera del país, entrar en la crítica severa de la administración en sus distintas dependencias y utilizar los medios políticos de que disponga con el fin de que aquellas leyes sean aprobadas y esta administración corregida de una manera eficaz.

Siguiendo esta norma de conducta la Junta Central y la Cámara llegarán, siempre que las circunstancias lo exijan, á todos los posibles sacrificios.

San Juan, Enero 12 de 1909.

( Firmado ).—Cayetano Coll Cuchí, Delegado por San Juan ; Nemesio R. Camales, Delegado por Arecibo; Ernesto López Díaz, Delegado por Aguadilla ; José Coll Cuchí, Delegado por Ponce; Luís Muñoz Rivera, Delegado por Guayama, Herminio Díaz Navarro, Delegado por Humacao.

La actual Cámara de Delegados es, en su totalidad, unionista. En las elecciones de 1908 el Partido Unión de Puerto Rico obtuvo la mayoría de los sufragios en los siete distritos electorales en que se divide la Isla. Estaba, pues, en condiciones excepcionales para adoptar la resolución transcrita, la cual fué acojida por el país entero con grandes muestras de simpatías, porque respondía á un sentimiento universal. Era necesario prepararse para obtener de una vez la definición de nuestro status político y éste era el primer paso que se daba en ese sentido.

La Asamblea legislativa abrió sus sesiones el día 11 de Enero en medio de la mayor expectación: De los treinta y cuatro miembros (el señor Ricardo Martínez, de Mayagüez, murió sin tomar posesión de su cargo) veinte y uno no pertenecieron á la legislatura anterior. Quedaba la Cámara compuesta en la siguiente forma :


DISTRITO DE SAN JUAN.

Eduardo Giorgetty, Reelecto.
Carlos MSoler, Reelecto.
Cayetano Coll Cuchí, nuevo.
José de Jesús Tizol, reelecto.
Lino Rosado, nuevo.

DISTRITO DE ARECIBO.

Félix Santoni, reelecto.
Francisco Coira, reelecto.
Eduardo Acuña, nuevo.
Eugenio Benítez, nuevo.
R. Canales, nuevo.

DISTRITO DE AGUADILLA.

José de Elzaburu, reelecto.
Ernesto López Díaz, nuevo.
García Ducós, nuevo.
Celso Caballero, nuevo.
Francisco Lluveras, nuevo.

DISTRITO DE MAYAGUEZ.

José de Diego, reelecto.
Vicente Trelles,reelecto.
Ricardo Martinez, nuevo, ( fallecido. )
José A. Vivoni, nuevo.
Rafael Arrillaga, nuevo.


DISTRITO DE PONCE.

Rosendo Matienzo Cintrón, reelecto.
José Coll Cuchí, nuevo.
Luís Llorens Torres, nuevo.
Santiago Oppenheimer, nuevo.
Carmelo Mercader, nuevo.

DISTRITO DE GUAYAMA.

Luís Muñoz Rivera, reelecto.
Valeriano Virella, reelecto.
Celestino Dominguez, nuevo.
Lorenzo Aponte, nuevo.
M. Solá, nuevo.

DISTRITO DE HUMACAO,

Herminio Díaz Navarro, nuevo.
Antonio Aldrey, nuevo.
Ramón Aboy, nuevo.
Enrique Acosta, nuevo.
Ramón Delgado, reelecto.


Desde el primer momento se marcó el espíritu de la Cámara como altamente liberal en sus proyectos de ley, y extrictamente cortés, pero muy enérgica, en sus relaciones con los departamentos ejecutivos. Durante los primeros días de la Legislatura casi todos los delegados solicitaron informes de los departamentos sobre actos de los mismos, que no parecían haberse ejecutado dentro de las leyes, ó que acusaban abusos de autoridad por parte de la administración.

En la sesión del 15 de Enero pronunció el señor Muñoz Rivera, delegado por Guayama, su discurso contra el Gobernador Post, con motivo del nombramiento del Alcalde de Cáguas, de cuyo discurso se hizo solidaria la Cámara entera, á juzgar por los aplausos prolongados que se tributaron en varias ocasiones al orador. Del discurso del señor Muñoz Rivera, por referirse á la situación de la Cámara en frente del gobierno, y por considerarlo como una síntesis magistral del momento histórico cuya crónica escribimos, extractamos los siguientes párrafos :

Esta Cámara, desde el que os habla, que es el último delegado, hasta el primero entre vosotros, vela por los fueros y los intereses del país. Y por esas cosas de la escuela, y por muchas cosas más, se explica nuestra actitud cuando declaramos que el gobierno prescinde de la opinión insular y procede por sí, á sus arbitrios, desoyendo á los hijos do la Isla.

Y en este mismo momento sucede algo que justifica la conducta de la Cámara. El vaso, que estaba colmándose, se desborda, y el líquido rojo y caliente que se derrame será el líquido rojo y caliente de nuestra indignación patriótica.

El señor Muñoz Rivera, hace á la Cámara la historia de lo ocurrido entre la Junta Central y el Gobierno con motivo del nombramiento del Alcalde de Cáguas, y continúa en estos términos :

Pero ésta no es la cuestión. La cuestión es que el señor García Díaz vino indicado por el pueblo, que le recomendó la Junta Central, y que el Gobernador nombra al señor Moreno, porque en favor suyo milita el influjo de un americano, de Mr. Johnson. Y cuando en un platillo de la balanza cae la Junta Local de Cáguas y la Central de San Juan y de otro cae una tarjeta de Mr. Johnson, el platillo de la tarjeta va bajando y los cinco mil electores de Cáguas, y los cien mil electores de Puerto Rico, y la isla entera, no bastarían á equilibrar el peso enorme de una leve cartulina americana.

Comunicada la situación á Don Tulio Lárrinaga, Comisionado de Puerto Rico, con residencia en Washington, electo por el Partido Unionista, se recibió inmediatamente el siguiente cable :

Presidente Junta Central,

Puerto Rico.
Mi voto siempre por la dignidad de la Patria.
Tulio Larrínaga.

Los primeros días de la Cámara, después de estos incidentes, fueron relativamente tranquilos. Continuó, sin embargo, la Cámara pidiendo informes á los Departamentos, sin recibirse nunca una respuesta satisfactoria. Algunas de las peticiones jamás fueron contestadas, como la hecha por el señor Coll Cuchí, de San Juan, de que se enviara á la Cámara de Delegados una lista de las propiedades del Pueblo de Puerto Rico, con expresión de sus valores respectivos y del uso á que estaban destinadas en la actualidad. Semejante petición no fué atendida, porque entre otras cosas, hubiera demostrado que un número de empleados, sin derecho á ello, venían ocupando como viviendas particulares edificios lujosos que son propiedad del Pueblo de Puerto Rico.

El veinte y dos de Enero pronunció el señor García Ducós, de Aguadilla, un discurso contra el Attorney General demostrando el poco caso que hacía á la ley escrita el Departamento de Justicia. Y por aquellos días se presentó en la Cámara la resolución que interesaba la destitución del Juez Rodey de su cargo de Juez de la Corte Federal.

El veinte y tres de Enero publicó La Correspondencia de Puerto Rico una carta del señor Llorens Torres, delegado por Ponce, y uno de los elementos más radicales de la Cámara, donde abogaba y aconsejaba la total abstención legislativa como único medio de protesta ante el pueblo de los Estados Unidos contra la situación política insoportable que viene la Isla atravesando. Dicha carta fué contestada por el señor Muñoz Rivera el veinte y cinco de Enero en el periódico La Democracia, en la siguiente forma :

Sr. Luis Llorens Torres,

Delegado en la Cámara Popular.

San Juan.

Amigo, y compañero : Leí su carta, Respondo á élla con gusto, aunque en puridad no lo estimo absolutamente necesario, porque mis conferencias particulares y tete á tete con usted, le dieron en conjunto y en detalle, todo el volumen de mis opiniones acerca de su proposición sobre un total retraimiento legislativo.

A esta proposición suya me anticipé yo — y á usted le consta — cuando al escribir al señor Larrínaga, ocho días antes de la Asamblea, informándole, según es mi deber, de la marcha política del país, le anunciaba dos fórmulas : la triunfante, que el público conoce, y esta otra que copio ad peden literae.

—“Segunda fórmula : abstenerse la Cámara de presentar proyectos de ley y posponer indefinidamente los proyectos de ley del Consejo, declarando, si es preciso, que adopta esa actitud por considerar que el Acta Foraker es un yugo tiránico impuesto á Puerto Rico y que la Cámara es un cuerpo decorativo, cuyas leyes ni siquiera se cumplen siao que en la práctica resultan baldías é inútiles.”

Ya usted vé como yo había previsto ambas soluciones y que ninguna de las dos podía sorprenderme ni disgustarme. Así lo declaré sin distingos ni perífrasis en el debate, al explicar mi voto adverso á la segunda fórmula, no por diferencias de fondo, sino por razones de oportunidad.

Yo sostengo que un partido como el nuestro, debe afirmarse sin cesar en la defensa de sus ideales, demostrando su existencia por una acción contínua que demuestre su poderosa eficacia. Pero al propio tiempo, opino que un partido como el nuestro no debe arriesgarse á las últimas, supremas soluciones del patriotismo, sin preparar la opinión á recibirlas y secundarlas por una serie de esfuerzos demostrativos de que esas soluciones llegan á convertirse en inevitable caminos para el interés y la dignidad del pueblo.

A tal fin se dirige la fórmula que venció por 26 votos contra 9 en la Asamblea.

Más aún, señor Llorens : yo digo que la Junta Central y la Cámara procederían muy de ligero si lanzasen á Puerto Rico hacia una protesta tan grave, sin consultar préviamente, en amplio plebiscito, á los cien mil electores unionistas que nos otorgaran sus sufragios. Y en la tríste eventualidad — que acaso anda próxima — de que una perenne injusticia nos condugese á una estoica resistencia, yo aconsejaría á la Junta Central que á los cien mil electores acudiese, por virtud de un refrendum, planteado en términos clarísimos, para que los ciudadanos, directamente, pronunciasen su libre veredicto. Y entonces, llevando trás sí la autoridad y la responsabilidad de la UNION en masa, la Cámara y la Junta Central — de ello estoy bien seguro—cumplirían, á vida ó muerte, el mandato de la conciencia colectiva.

He aquí las causas en que me fundé al calificar de prematura la proposición de usted que era, por un anticipo epistolar auténtico, tan mía como de usted.

Y ahora añado ideas á las ideas. Una abstención parlamentaria traería, como resultante, por parte del Gobierno de Washington, medidas para nosotros gratas ó ingratas. Es á saber : ó la instalación inmediata del self government ó la represión inmediata de nuestras actitudes patrióticas. En el primer caso, un inmenso hosanna resonaría de un extremo á otro do la Isla en fiesta ; en segundo casó; disuelta la Cámara, ó se establecería un régimen de fuerza ó se intentaría elegir otra Cámara, de fuerza también, que sancionase el Acta Foraker y asestase á la patria puertorriqueña el golpe postrero.

Si los hijos de la patria estuvieran unidos espaldas con espaldas — frase del Presidente Roosevelt — nada más fácil que imponer el derecho natural, el legítimo derecho que nos asiste. Al régimen de fuerza, sin legislatura, contestaríamos con la renuncia de los alcaldes, de los jueces, de los ayuntamientos, de las juntas escolares. Y sería inminente un despotismo, estilo moscovita, al cual no se resolverán nunca los Estados Unidos de América. A la elección de otra Cámara responderíamos con el silencio del país y el abandono de las urnas. Y el éxito vendría á coronar nuestros magnos sacrificios.

¡Ah! señor Llorens. Usted olvida á los cincuenta mil republicanos, que se dejarían regalar — recuerde el ejemplo de 1900 y 1902 — los 35 representantes, los 66 Ayuntamientos, las 66 juntas escolares, los jueces, los marshalls, etc., etc., y proclamarían la benignidad de las cadenas, la dulzura de los yugos y la nobleza de los látigos que ciñesen, oprimiesen y flajelasen á su tierra mártir, á su madre esclava y moribunda.

A ello iremos, señor Lloreñs. Iremos al hundirse nuestra postrer esperanza. Iremos, resulte lo que resulte, á muerte ó á vida, resueltos al dolor y no al vilipendio, prontos á plantear el problema que Rusia liquidó con un finis Poloniae y que no sabeos como liquidaría el Congreso de los Estados Unidos.

José De Diego

José De Diego

Y, pues usted afirma que en recientes campañas políticas se predicó á las muchedumbres la independencia, yo reproduzco aquí el período final de mi discurso en la Cámara el 30 de Enero de 1908, Es este:

“Nuestro deber consiste, en pedir, en reclamar, en, exigir que se resuelva el Status de Puerto Rico, bien con la modalidad de un estado en el conjunto de los otros estados, bien con la modalidad de una franca autonomía en el conjunto de las demás colonias americanas. El empeño será rudo ; la reclamación será vibrante y contínua. Y si al fin perdemos la última esperenza, sí al fin agotamos el último recurso sin que se nos oiga y se reconozca nuestro derecho, entonces se alzará sobre nuestras conciencias la base quinta de la Unión de Puerto Rico y pediremos la independencia de Puerto Rico. Y se escuchará resonando en el yunque el marrón de nuestras perpetuas energias, golpeando, golpeando hasta romper en pedazos las cadenas de nuestra esclavitud.”

En este período se condensa mi pensamiento. De este período hice paráfrasis infinitas en mis excursiones á través de las planicies y las montañas. Y ni una sola palabra salió de mis labios que significase un rumbo distinto. Yo, si mis días se prolongan, y sí la última esperanza se pierde, iniciaré y organizaré el partido de la independencia. En tanto que un destello de esperanza luzca en el horizonte, seguiré bajo la bandera tricolor americana pugnando por agrupar á los puertorriqueños en la UNION, y pidiendo, exigiendo, demandando justicia, justicia y justicia.

Señor Llorens : así pensaba , así piensa y así pensará su amigo leal,

LUIS MUÑOZ RIVERA.

Enero, 25 de 1909.

Durante este tiempo venía llevándose á cabo por el Comité Judicial de la Cámara la investigación acerca de la Corte Federal. El día veinte y seis de Enero tuvo lugar un acto de gran trascendencia en la política de Puerto Rico. El Gobernador Post había invitado á la Junta Central del Partido Unión de Puerto Rico para una reunión en la Mansión Ejecutiva, el día veinte y cinco de Enero, lúnes, á las tres de la tarde. Por acuerdo de la Junta Central asistieron á esta reunión el señor Muñoz Rivera, Presidente de la Junta, y sus vocales, señores Soler, Giorgetti y Delgado.

La Democracia del 26 de Enero, dió cuenta exacta de la entrevista en la forma siguiente :

Mr. Regis H. Post, Gobernador de Puerto Rico, invitó el viernes á la Junta Central para una conferencia en la Mansión Ejecutiva, señalando la fecha del lunes 25 y la hora de las tres.

La Junta Central resolvió estar representada por su Presidente de turno Muñoz Rivera y sus vocales Soler, Delgado y Giorgetti. Ayer, á las tres en punto, se anunciaban al Gobernador que les recibió sin demora con su habitual cortesía, haciéndoles pasar á su despacho, donde ya aguardaban los señores Willoughby y Hoyt, consejeros del Ejecutivo, y Baiz, intérprete de la Cámara.

La conferencia empezó desde luego. El Gobernador tomó un pliego cerrado y aludió á él diciendo que iba allí una carta á la Junta Central. No entregó el pliego y continuó hablando de política, Sus declaraciones pueden resumirse como sigue :

— “La actitud violenta de algunos caballeros de la Cámara puede ser nociva á los intereses del país, que tiene en su agricultura y en su industria la protección de los Estados Unidos. El gobierno atendió y atiende á las agrupaciones militantes en cuanto le es lícito, conservando su autoridad y afrontando su responsabilidad. Cada uno de los miembros del Ejecutivo está sin duda dispuesto á explicar sus actos en todo momento; la crítica de la Cámara no es censurable si busca el bien público y no se inspira en prejuicios de índole personal. La administración se mantuvo y se mantiene en una atmósfera de serenidad y templanza y procura realizar el bien. Los temperamentos en radicalismo, antes que favorecer la conquista del self government la retardarán, si llega á crearse en la metrópoli un sentimiento de irritación lamentable. Desde hace algún tiempo se manifiesta en la isla una hostilidad abierta contra los americanos, por razón de su origen. A fomentarla contribuyen los arrestos de cierta oratoria tribunicia. El gobierno trata de igual modo á los americanos y á los puerto-riqueños. Le sería fácil popularizarse entre los unos atacando á los otros y viceversa. Pero su deber es precisamente lo contrario; harmonizar y conciliar los sentimientos de antipatía y desconfianza, que acaso existen aquí, según existen entre los demás pueblos del mundo; Francia contra Inglaterra, Alemania contra Rusia, etc. La Junta Central debe también realizar actos por virtud de cuyo influjo ese antlameri–canismo reaccione, en provecho de la comunidad”.

Los señores Muñoz Rivera, Soler, Delgado y Giorgetty, usando de la palabra con exquisita mesura, aunque al propio tiempo con profunda sinceridad y con varonil energía, lanzaron y desarrollaron en legítima defensa de la UNIÓN, estas afirmaciones categóricas.

—“Que la Unión de Puerto Rico, después de alcanzar en las urnas tres victorias que establecen su fuerza extraordinaria y después de apoyar al Gobierno en situaciones muy difíciles, no encontró ni encuentra en las esferas oficiales la solidaridad que ha de unir á la opinión y al Gobierno en un régimen democrático.

— “Que la Junta Central presenta escrita extensa nota de los motivos en que se fundan los disgustos del pueblo, al convencerse de que son inútiles sus esfuerzos y sacrificios en la práctica, ya que el Gobierno actúa siempre á su arbitrio y sin tomar por norma los deseos y las aspiraciones popularas.([1])

— “Que si un sentimiento anti-americano existe, como síntoma, como gérmen, á través de la Isla, de tal sentimiento no es responsable la UNIÓN DE PUERTO RICO, que no dispone de medios para contrarrestarle, desde el punto en que no nace de las propagandas del partido, sino de los actos del poder.

— “Que la hostilidad entre americanos y puerto-riqueños estriba :

1 — En la continua publicación, en la prensa continental, de trabajos de información periodística, de que son autores muchos americanos que residieron aquí ó por desgraeia nuestra nos visitaron ; profesores, militares, touristas, etc.

No es justo exigir á los Puerto-riqueños la tolerancia de aquellos ultrajes, entre tanto que ni un solo hecho, realizado por los puerto-riqueños, abona los temores manifestados por el Gobernador. Si la prensa insular reprodujese los ataques con que se nos provoca, sus columnas no bastarían á contener el cúmulo de ofensas contra el país que á diario aparecen en la América sajona.

Nuestra prensa, para no fomentar resquemores, arroja lejos, de sí esos desahogos. Recuérdese un caso reciente. Mr. Falkner, ex–consejero del Ejecutivo, atacó sin escrúpulos la capacidad criolla en las conferencias de Mohon Lake; Mr. Ward, consejero actual, defendió dicha capacidad. Los diarios de San Juan reprodujeron, con gratitud el discurso de Mr. Ward. Y sólo la “Porto Rico Review” semanario americano, reprodujo el discurso de Mr. Falkner.

2 — En el monopolio casi exclusivo de los altos empleos en favor de los americanos, con lo cual se demuestra que, á juicio del Ejecutivo, no hay Puerto-riqueños capaces de servir ni siquiera las plazas de jefe y sub jefe é inspectores de la policía, tasadores de la propiedad, asistants de los departamentos, etc.

3 — En las tasaciones, verificándose al capricho de unos agentes que desconocen nuestra isla y que, cuanto se disponen á alterar el valor de las fincas, lo hacen á su gusto y antojo. No queda ni aún el recurso de apelar á la Junta de valoraciones. La apelación es tan ilusoria, tan estéril, que ya son contadísimos los propietarios que se atreven acudir á esta junta. Las propiedades están aquí á merced de los agentes del fisco. Y el pueblo no interviene en una función que de tal modo le afecta en su trabajo y en su vida.

— “Que la Junta Central estima muy graves las palabras del Gobernador y protesta de que se atribuya á la Unión de Puerto Rico culpas que no cometió jamás.

— Que en el Gobierno, únicamente en el Gobierno, resido la potestad necesaria para americanizar á Puerto Rico en el único sentido que nosotros damos á la americanización : es á saber ; en el sentido de que Puerto Rico se convierta en una sociedad civil tan libre y tan dignna como la de cualquier Estado Americano, administrándose y gobernándose por sí, según se gobiernan Florida, California, Pennsylvania, etc.

— Que las soluciones de la UNIÓN, autonomía, sstado, independencia, son soluciones americanas, y que la UNIÓN las pide bajo la bandera americana, y las espera del Congreso americano.

—Que la solución independencia es meramente condicional y para la triste eventualidad de que, perdida la postrera esperanza, no tengamos ningún camino abierto á nuestro decoro como hombres y á nuestro honor como pueblo.

—Que el Gobierno es árbitro de dar el impulso que le plazca á los partidos, pudiendo empujarlos al bien ó al mal, á la perfecta inteligencia ó á la amarga ruptura. Y que la UNIÓN irá allí donde quiera llevarla el irresistible impulso del Gobierno.

Ya se deja ver que esas afirmaciones fueron expresadas en diálogo, réplica á réplica, con el Gobernador y los caballeros del Ejecutivo, guardándose por unos y otros las formas de una corrección irreprochable y de una civilidad ni un instante desvirtuada.

La conferencia duró dos horas, terminó por iniciativa de la Junta, y, al terminar, el Gobernador entregó al Presidente de la Junta el pliego que conservaba en su pupitre y que se abrió luego en la sesión de la Junta y do la Cámara.

Los señores Giorgetty, Delgado, Soler y Muñoz Rivera se despidieron con franca cordialiadad de los señores Gobernador, Secretario y Attorney General, reservándose la impresión que llevaban en sus espíritus y haciendo acopio de una calma estoica y de una ecuanimidad tranquila, para estudiar y resolver, con sus compañeros, el magno problema que pesa sobre sus hombros.

Estamos todos sometidos al fallo de la opinión, que es nuestro juez. Y esperamos que la opinión se encerrará en idéntica calma y en idéntica ecuanimidad.

Se agravaba la situación por momentos. El gobierno adoptaba una actitud poco prudente pretendiendo arrojar responsabilidades que le pertenecían por completo sobre la Cámara de Delegados. Tuvo lugar otra reunión conjunta entre la Junta Central y los Delegados, adoptándose acuerdos secretos. La agitación que reinaba en la Isla era inmensa. Los periódicos se aguardaban en los pueblos con impaciencia nunca sentida. Todo el mundo comprendía que la Cámara de Delegados se había empeñado en una gran lucha por el honor y la libertad de la patria.

El pliego entregado por el Gobernador Post á los comisionados de la Junta Central contenía la siguiente carta :

A La Junta Central,

Partido Unionista de Puerto Rico.
San Juan.

Señores :

Tengo el honor de someter á la consideración de Vds. la siguiente corta relación de los principios que creo, deben regir entre el gobierno y los partidos políticos de la isla, con respecto á los nombramientos para cubrir vacantes en los empleos municipales.

Toda comunidad se compone de un número do indivíduos, cada uno con diversas condiciones de vida y carácter y con diferentes opiniones, pero todos obligados á obedecer las leyes de la comunidad : teniendo á la vez cada uno de ellos derechos individuales y de propiedad que la comunidad está obligada á respetar. Las relaciones de la comunidad con el indivíduo están definidas y regidas por la ley del país.

En lo que toca á la elección y nombramiento de funcionarios municipales, la ley es clara y explícita. En el primer caso, el pueblo elige ciertos funcionarios municipales. La ley concede al pueblo el derecho de elegir sus propios representantes, poniendo así sobre el mismo pueblo la responsabilidad de la elección que haga, y según esos funcionarios cumplan bien ó mal su cometido, el pueblo que los eligió prosperará ó sufrirá, sin que pueda culpar, á nadie más que á sí mismo.

Pero la ley dispone, además, que si ocurriere alguna vacante en algunos de esos cargos, el Gobernador la cubrirá, y la única limitación que establece, es la de que el nombramiento ha de recaer en una persona afiliada al partido que eligió, al funcionario cuya vacante haya de proveerse. En otras palabras, la responsabilidad de elegir á un funcionario, clara y distintamente cae sobre el Gobernador, puesto que según sea la conducta de aquél, buena ó mala, así prosperarán ó sufrirán, los miembros de la comunidad , y de ello sólo el Gobernador será responsable.

Ahora bien, al hacer nombramientos para cubrir vacantes en cargos municipales, se lia seguido invariablemente; en la oficina del Gobernador la manera de consultar ál partido de cuyas filas ha de escógeme el funcionario, y siempre se ha dado, la mayor consideración á las recomendaciones del partido, porque es esta una forma sencilla de conocer la opinión de la mayoría de la comunidad, y, por lo regular, se acepta sin vacilación ó duda, la recomendación del partido. Pero nunca ningún Gobernador eludirá por el acto de aceptar esta recomendación, la responsabilidad del nombramiento, ni podrá justificar éste con dicha recomendación, en el caso de que resultare malo.

Hasta ahora se ha seguido la costumbre de que los partidos presenten ternas de candidatos aceptables para el que las envía, y que reunan las condiciones necesarias pora cubrir la vacante, en el orden de preferencia que se dá á esos candidatos por dicho partido. Si hubiésemos de asumir la teoría de que sólo el primer nombre de la terna ha de ser tomado en consideración, y de que los otros dos son simplemente figuras decorativas, significariamos con ello que el nombramiento se haría por el partido, no obstante de tener el Gobernador, según la ley, la absoluta responsabilidad del nombramiento, y aunque estuviere de ese modo privado por completo de toda libertad de acción ó de elección en el asunto.

La conveniencia de que se haga un nombramiento no depende enteramente del carácter del candidato. Con frecuencia un hombre tiene una honorabilidad perfecta, y, sin embargo, no reune las condiciones necesarias para ser un buen funcionario administrativo, ó pueden existir circunstancias que hagan inconveniente su nombramiento, y, como la ley pone la facultad de hacerlo en manos del Gobernador, tiene éste que considerar el asunto bajo sus aspectos, y estar en libertad de consultar á todas las personas que crea conveniente, para llegar á una resolución definitiva. Su juramento le impone el deber de nombrar á la persona que, en su opinión, reuna las mejores condiciones y esta obligación es superior á cualquier otra.

El Gobernador, al hacer nombramientos, ha seguido la normal de consultar con el pueblo y respetar sus deseos, pero no puede evadir la responsabilidad que le imponen la ley del país y el juramento de su cargo, y, por consiguiente, ha de negarse á renunciar su facultad de hacer nombramientos en cualquier organismo, ó agrupación de personas, por influyente que sea, ese organismo ó agrupación en la comunidad interesada.

Estoy dispuesto ahora, como lo he estado siempre, á consultar sobre esta clase dé nombramientos con los representantes del partido que esté en mayoría en la comunidad interesada, pero ha habido casos, y ocurrirán nuevamente, en que la opinión del partido se ha inspirado más en la conveniencia del mismo que en el bienestar general de la comunidad. Es muy natural que la junta directiva de un partido, á la cual se ha confiado el éxito de dicho partido, trate de conseguir ventajas para él, pero es igualmente cierto que el Gobernador, á quien se ha confiado el bienestar de la comunidad, y de cada uno de los individuos que la componen, debe atender en primer término, al bien general, sin inclinación alguna en favor de cualquier partido ó agrupación popular.

Muy respetuosamente,

REGIS H. POST.
Gobernador de Puerto Rico.

Comentando esa carta se publicaron las siguientes notas debidas á la gran pluma del señor Muñoz Rivera :

El Honorable Gobernador de Puerto Rico sienta en su carta una teoría que, si no la sometiéramos al exámen, parece irrefutable conforme á las reglas de una lógica cerrada.

Es la teoria de la autoridad y de la responsabilidad. Nadie negó nunca que, dentro de las leyes actuales, el Gobernador puede dictar los nombramientos á su arbitrio, sin otro límite que el de una filiación política idéntica entre el candidato á quien se nombra y el partido triunfante en el ticket á que la vacante corresponde.

Eso no se discute. Es un hecho real, positivo, incuestionable. Y de este hecho dimana la autoridad, casi absoluta, del Gobernador. Pero si el Gobernador rige á un país libre en nombre de un poder democrático y justo, su mejor procedimiento consistirá en respetar la candidatura que le indique la opinión. Y, en tal concepto, sólo cabe admitir y sancionar los primeros nombres de las ternas recibidas.

La ley electoral, en que so funda todo el derecho vigente, pone la elección directa de los funcionarios municipales en manos del pueblo. Y cuando el Gobernador, por cualquiera circunstancia, suple legalmente la iniciativa popular, nada más noble y más simpático que el respeto d las indicaciones y determinaciones populares que traen su orígen de la naturaleza y no de los convencionalismos, impuestos tal vez, por la fuerza de un régimen despótico y absurdo, en que triunfa siempre la voluntad ejecutiva sobre la potestad legislativa.

En una palabra ; el Gobernador PUEDE—esa es la desgracia y esa es la tiranía—hacer su capricho personal; pero el Gobernader DEBE satisfacer el deseo y el impulso legítimo de los ciudadanos. Si lo primero, se le tendrá como un gerarca omnipotente y engreido en su propia omnipotencia. Si lo segundo,” se le tendrá como un estadista liberal y respetuoso de los buenos principios. Cosa fácil de escoger entre dos extremos.

En cuanto á la responsabilidad, nosotros decimos que es vana é ilusoria. Si el Gobernador yerra, no existe quien le tome cuentas, quien le ponga en el caso de rectificar sus errores.

Grande pretensión es la de que el Gobernador, oyendo, consultando á sus amigos, sepa más que los organismos dirigentes de las organizaciones militantes. Ellas también oyen y consultan. Y ellas son las únicas, las verdaderas responsables del beneficio ó del perjuicio pro común. Si aciertan gozarán el beneficio. Si se equivocan sufrirán el perjuicio. Exactamente lo que ocurre en las urnas.

La falsa noción de la responsabilidad sirve de pretexto para que se desorganice á los partidos, engendrando en su seno ambiciones y disensiones y debilitándolos en la resistencia. De un modo práctico vemos que esa autoridad que se usurpa y esa responsabilidad en que la usurpación so justifica, no pasan de la categoría de banales subterfugios, A los funcionarios electivos se les exigen milagros de pureza y de eficacia; á los funcionarios gubernativos se les disimulan sus ignorancia y sus torpezas. No hay perdón para aquellos; estos, tienen carta blanca; aquéllos ven sobre sus cabezas suspendida la espada de Damocles de un decreto que les separa de sus cargos; estos se eternizan en sus cargos, Así so acredita la capacidad del Gobierno y se rebaja la capacidad del pueblo. Es magnífico sistema. Y ya se ven los frutos que produce.

Precisa corregir también las afirmaciones del Gobernador en un punto esencialísimo. El declara “que hasta hoy se ha seguido la norma de consultar con el pueblo y la costumbre de que los partidos presenten ternas de candidatos.” Se equivoca el Gobernador; ¿á quién se consultaron los nombramientos do Jueces municipales de San Sebastián y Salinas en los dignísimos jóvenes Arrillaga y López de Haro? Quizás se consultaron á los favoritos de la Mansión Ejecutiva. A la Junta Central no so consultaron. Y la Junta Central pidió las renuncias y las renuncias vinieron y el Gobernador entonces, SOLO ENTONCES, nombró á los candidatos del pueblo, porque, nombrando á otros unionistas los otros unionistas, que poseen el sentimiento de la dignidad, no habrían aceptado.

Estos, y otros semejantes á estos ó más graves aún que estos, son los motivos en que la UNIÓN de Puerto Rico funda su disgusto y su protesta en lo que atañe á los problemas locales; en lo que toca á, los problemas de índole más alta, la UNIÓN obedece á razones de mayor altura. Y no necesita exponerlas al Gobernador. El Gobernador no ejerce todavía poderes delegados del Congreso de los Estados Unidos.

Allí ha de ventilarse nuestro pleito.

Y allí se ventila.

Desde entonces ya se presagiaba el término de la Legislatura y nuestros hombres políticos veían claramente la necesidad de que interviniese en nuestro pleito el Congreso de los Estados Unidos.

Acusado el Partido Unión de Puerto Rico, aunque de manera indirecta, de ingratitud para con el Gobierno, pues afirmaban sus adversarios que todo el prestigio de dicha agrupación se debió á favores que recibiera del Gobernador Post en muchas ocasiones, comenzó el diario La Democracia la publicación de una serie de artículos, donde, con maravillosa precisión, se exponían los principales motivos de queja del partido contra los hombres del Gobierno. De dichos artículos copiamos los siguientes párrafos :

Grave es, sin duda, la actitud de la Junta Central y de la Cámara lanzando á la publicidad sus declaraciones políticas. Grave también la actitud del señor Muñoz Rivera empezando á cumplir acuerdos superiores en su reciente discurso parlamentario. La opinión se dará cuenta do que son graves, así mismo, las causas que determinan esa conducta, en que la energía corre parejas con la templanza. No sin motivos serios, y poderosos los hombres que dirigen un partido, de temperamentos conservadores más que de temperamentos radicales, se disponen á una acción robusta y continua que salve su propio honor y el honor de su país.

La UNIÓN DE PUERTO RICO, que estuvo años enteros en cordial inteligencia con el Gobernador Winthrop ; que se sacrificó para proseguir años enteros en cordial inteligencia con el Gobernador Post, ha llegado al límite de su esfuerzo por la concordia, después de estudiar á fondo su situación y la situación de la patria, común á los unionistas y á los republicanos.

Y no se determina á hacer un alto en la marcha, ni se dispone á elegir nuevos rumbos, sino cuando se convence que es inútil su propósito de buscar una noble compenetración de intereses y de ideales entre ella, que encarna las justas aspiraciones de la mayoría, y el Gobierno, que de la mayoría prescinde siempre, y que se obstina en permanecer aislado, en las cumbres del poder, como un ilustre solitario que vive de sí mismo, que realiza á mansalva sus donosas travesuras y que no desea ni necesita el concurso de los pueblos.

No será culpa de la UNIÓN, será culpa del Gobierno si resulta imposible un trabajo útil y de acuerdo fecundo entre ambas entidades. El Gobierno encerrándose en su exclusivismo egoista ; pasando — ó pretendiendo pasar—sobre el augusto veredicto de las urnas ; desdeñando á los únicos, á los genuinos representantes del pueblo ; La UNIÓN soportando la perpétua injusticia ; esforzando la paciencia y la prudencia ; aplazando un día y otro, con la esperanza de un cambio feliz su protesta dolorida. He ahí la síntesis de nuestro calvario, desde que en los muelles de San Juan despedimos, con profunda tristeza, á Mr. Beekman Winthrop.

Nuestra amistad para el Gobierno fué desde entonces un sacrificio esteril. Nuestro triunfo enorme en la lucha electoral, una simple ostentación de fuerzas. La amistad sincera no encontró sincera reciprocidad. Cada victoria unionista, lejos de robustecer el influjo unionista, lo mermaba y lo atrofiaba. Habríase podido pensar que la máxima tortuosa de Machiavelo, desarrollándose en la Mansión Ejecutiva, se tendía como un invisible obstáculo para los fuertes y como una invisible caricia para los débiles.

¿Era involuntaria torpeza por parte del Gobernador?

¿Era sutil diplomacia tendente á nutrir las huestes republicanas y á disgregar las huestes unionistas, para mantener la división de los partidos en ciertas proporciones y vencerlas con menor escándalo y con mayor certidumbre, obligándoles á chocar entre sí mientras de la altura oficial asistían “ios señores” al gratuito espectáculo?

No nos place penetrar en el fuero de las conciencias. Juzgamos por los signos, y nos sobra,

Los signos son, por desdicha, demasiado elocuentes.

Cuando el día 13 la Junta Central y la Cámara, unánimes, pronunciaban su viril anatema, ambos cuerpos conocían, detalle por detalle, el proceso, el largo proceso de amargura y desdenes sufridos con estóica firmeza por los directores de la UNIÓN. Y no se olvide que dos tendencias se manifestaron : una, de caracteres radicales, llevándonos al retraimiento do la Legislatura ; otra, de caracteres normales, llevándonos al combate por la autonomía de la Legislatura.

De suerte, que no había nadie más retrógrado que la proposición triunfante, mientras que un grupo de nueve delegados iba más allá que la proposición triunfante. Ello representa la unanimidad ; pero no con miras á una reacción moderada, sino con miras á una acción avanzada.

Véase, pues, los pródromos del discurso del señor Muñoz Rivera el 14 en la tribuna parlamentaria. Un “leader” de la UNIÓN empezaba á dar forma á los acuerdos colectivos. Y la escuela número 1 agrietada, y la Junta local do Caguas desairada, no debían tomarse como motivos esenciales, sino como motivos ocasionales de aquella actitud resuelta y vigorosa.

La UNIÓN, en vista de la inutilidad de su silencio, no quiere prolongarlo. La UNIÓN, al convencerse de que nada debe esperar de los temperamentos de harmonía, los abandona — fardo que ahí queda en el “vía-crucis”— y adopta los temperamentos de energía, sin caer en exageración ninguna y sin pro vocar ninguna represalia, aunque dispuesta á defenderse, porque la defensa es una ley de la vida.

OLVIDO DE LAS TERNAS.

Pasamos á los hechos.

La asamblea legislativa creó en sus sesiones de 1908 los juzgados municipales do San Sebastián y Salinas. Para la designación del personal — jueces, secretarios y marshals, que deben ser unionistas según la ley, por tratarse de municipios unionistas, el Gobernador y el Attorney General prescindieron en absoluto de la Junta Central.

Se nombró juez de San Sebastián al joven abogado señor Arrillaga y juez de Salinas al joven oficinista señor López de Haro. Los dos inteligentes y leales; dignos los dos de la confianza pública : ambos unionistas. No se tocó la secretaría ni el marshalato de San Sebastián; secretario y marshal de Salinas, también sin consulta, los señores Rosendo Arce y Adrián Brenes, unionistas de capacidad y fidelidad á prueba de tentaciones.

La Junta Central consideró que el derecho de San Sebastián y Salinas á indicar sus candidatos quedaba herido de muerte. Y pidió sus renuncias á los insospechables patriotas Arrillaga, López de Haro, Arce y Brenes, Todas vinieron por telégrafo, sin vacilación alguna.

Y entonces la Junta Central solicitó las propuestas de las Juntas locales, las presentó al Gobierno y éste aceptó al fin las candidaturas unionistas VOTADAS POR UNIONISTAS.

CASO DEL SR. ALDREY.

En Agosto de 1008 quedó vacante la Alcaldía de Humacao. Los unionistas de la ciudad pensaban, para cubrirla, en el Sr. Antonio Aldrey; correligionario de alto valer y de alto carácter, conocidísimo y estimadísimo en Oriente, en San Juan y en el resto de la isla. Un nombre de esos que no se discuten.

Pero el Gobernador le escribió directamente, brindándole el puesto. El señor Aldrey, correcto y pulcro, dió cuenta á la Central, anticipándole que, sin la iniciativa del partido, no le ora dable aceptar el nombramiento, La Central respondió felicitándole y pidiendo á la local sus candidatos. Ello dió origen á que, ya en esa situación, y obediente á sus escrúpulos de exquisita delicadeza, el señor Aldrey rehusara un sitio en la terna. Humacao tuvo que ahogar sus inclinaciones. Y en la terna figuraron tres caballeros honorables. El Gobernador escogió al primero : al doctor Isidro Vidal, no monos benemérito que el señor Aldrey.

Este caso, y los de San Sebastián y Salinas, y otros semejantes, obligaban á la Central á un innecesario desgaste de fuerza, y producían una penosa fricción, comprometiéndose las buenas relaciones entre el Gobierno y la UNIÓN DE PUERTO RICO. A la postre triunfábamos, aunque nuestra fe en la corrección oficial iba quebrantándose de una manera deplorable.

DESTITUCIÓN ILEGAL.

En la segunda quincena do Octubre, ya próximas las elecciones, el alcalde accidental de Vega Baja, señor Rodríguez Sierra, concedió la plaza á los unionistas para una serie no interrumpida de meetings políticos.

Los republicanos decidieron quejarse al Attorney General interino, Mr. Brown. Este conminó al Alcalde de Vega Baja en formas rudas y arbitrarias, llegando á amenazarle con procedimientos muy duros. El Alcalde de Vega Baja explicó su conducta. Y á las amenazas contestó que el Attorney podría proceder según le pareciese oportuno.

Fué destituido de la alcaldía. Y hasta aquí, si bien existe una violencia, no existe una ilegalidad. Poro hubo más. Como el señor Rodríguez Sierra, concejal, presidía el Ayuntamiento de Vega Baja, el Gobernador le separó de su cargo electivo. La ley no Je autoriza á tan extraña medida, que, desde luego, constituye una violación de la ley.

Sólo el concejo municipal, si uno de sus miembros deja de asistir á tres sesiones consecutivas, podrá declarar la vacante—Y sólo UNA CORTE COMPETENTE podrá destituir á un concejal, El Gobernador ni el Attorney, nunca,—sección 12 — Y si esas destituciones se realizan, son arbitrarias y abusivas.

Por otra parte, se anunció al concejal distituído en Vega-Baja, que el Gobierno abriría una investigación. Y de la investigación no se tiene noticia.

JUEZ Y POLICÍAS.

En Río Piedras—y en diversos municipios unionistas — venía sosteniéndose un juez de paz republicano. Las quejas por parcialidades notorias eran como guijarros que se arrojaran al océano. Aquel juez, lo mismo que sus otros congéneres, parecía una roca inconmovible. Al fin cayó en una falta do esas para los cuales no hay excusa. El Gobierno se vió forzado á reemplazarle. El incidente ocurría en Setiembre. El Gobernador no quiso que le sustituyese un unionista. Le sustituyó un americano, un Mr. De Lima, imparcial á su modo, con atisbos hacia nuestros contrincantes.

El nombramiento rodó sobre los unionistas de Río Piedras como un valde de agua helada. El Gobernador anunció al señor Torres, presidente en turno de la Junta Central, que el señor De Lima cesaría después de terminar las elecciones, A la hora de ahora sigue tan juez y tan campante.

En Santurce y Puerta de Tierra, se sostuvo una política republicana á todo trance, fanática por el triunfo de sus amigos. Nuestro trabajo en el sentido de que hubiese una policía serena se perdió en el vacío. Las urnas hablaron, Y la UNIÓN — perdió ; por setenta votos ! el juzgado municipal de San Juan.

El hecho del juez De Lima y de la policía ultrarepublicana de Santurce y Puerta de Tierra, representaba más, mucho más, de setenta votos. El Gobierno, consciente ó inconscientemente, quitó á la UNION el juzgado municipal de San Juan.

EXTRAÑO DUALISMO.

Ocurrieron dos casos idénticos.

El alcalde de San Juan cedió la plaza de BALDORIOTY á los republicanos por semanas, casi por meses. El alcalde de Rio Piedras cedió la plaza principal de su pueblo á los unionistas.

Del caso de San Juan se habló en la prensa. El Gobierno estaba sordo. Del caso de Rio Piedras protestó el comité republicano—quizá el juez De Lima — El Gobernador, sin pararse en pelillos, telegrafió al alcalde señor Caloca ordenándole que renunciase.

El señor Caloca se trasladó á San Juan, con su renuncia escrita en la cartera. Y fué á la Fortaleza. Y dijo al Gobernador que dimitiría sin demora ; pero que el alcalde de San Juan debía dimitir al mismo tiempo, ya que realizaba el mismo acto, en completa similitud de circunstancias. Renuncia contra renuncia, nosotros cambiábamos la de Rio Piedras por la de San Juan.

Más—ah ! convenía á los republicanos el “Noli me tangere.” Y lo pronunció la Fortaleza. Se desistió de separar al alcalde de Rio, Piedras. Quedaron los dos alcaldes y quedó, ipso facto, en pie un dualismo de criterio que no se explica ni se justifica. Lo que en Rio Piedras, unionista, era motivo para deponer á un alcalde íntegro y noble, en San Juan no lo era para deponer á otro alcalde, no menos noble ni menos íntegro ; pero que había cometido, á juicio del Gobernador, igual falta. El prestigio de los republicanos de San Juan ante el poder moderador, borró el desdén que inspiraban los unionistas de Rio Piedras,

LOS JUECES DE PAZ.

Hace seis años, poco menos, que el Gobernador Hunt, en virtud de una Asamblea Legislativa, nombró jueces de paz en casi todo los pueblos y ciudades de Puerto Rico. Con una sola excepción, los jueces de paz eran republicanos. Así, pues, las municipalidades unionistas rodaron de un golpe — de un tajo debiéramos decir — al abismo de las venganzas fatricidas.

Hace cuatro años, poco menos, al arribar á nuestras costas Mr. Beckman Winthrop, encontró en su apogeo aquella monstrua injusticia. Puso sus empeños en restablecer la equidad, dando á los pueblos unionistas jueces unionistas y á los republicanos jueces republicanos. Para inspirarse en una norma democrática, siempre que ocurrían vacantes pedía propuestas á los directorios de los partidos contendientes.

Desde 1905 la Junta Central exigió que cesaran en los municipios unionistas los jueces republicanos y que se respetase á los republicanos sus jueces propios, allí donde las urnas les asignaban el triunfo.

No pudo ser. Las interpetraciones técnicas del Attorney Mr. Frank Feuille lo impedían. Pero Mr. Beckman Winthrop prosiguió su obra justiciera. Y al despedirse en 1906 restaban ocho ó diez jueces, aún no eliminados.

El Gobernador Post creyó que no debía continuar solicitando propuestas en las contadísimas vacantes que, tras, ruda batalla, iban sucediéndose. Y de tal manera tenemos hoy jueces de paz republicanos en Arecibo, Aguada, Aibonito, Peñuelas, Toa-Baja, etc.

Jueces con cinco ó sets años de servicios, contra la ley y la costumbre que no consienten más de cuatro años ni aún á los Consejeros del Ejecutivo.

Si á eso no se llama protección parcial, nosotros no sabemos cuando se aplicará este calificativo.

REGLA QUE SE ROMPE.

Los Gobernadores Allen y Hunt — bendita sea su memoria—entraron á saco en nuestras cortes de justicia. Bajo su impulso inicuo cayeron los jueces que tanto honor hacían al foro y á la magistratura puertorriqueña. Quiñones, Becerra, Acuña, Acosta, De Diego, Lloreda, Vías Ochoteco, Aldrey. Y subieron Foote, Erwin, Kopel, — los celebres Erwin y Kopel—Tous Soto, Aponte, Colón, Campillo, Franco, Soto……

Se imponía una reacción, una restauración. Y Mr. Winthrop la afrontó valientemente, Procedió con lentitud y firmeza. Y poco á poco ingresaban de nuevo en los tribunales las víctimas que quisieron aceptar un cargo, como Quiñones, Acosta, Aldrey y Lloreda. No volvió á las Cortes ningún republicano. La mayoría del país se manifestaba unionista en los comicios y el Gobernador respetaba el mandato de los comicios.

A fines del año 1908 surgió una combinación judicial. Las posiciones de la UNION habíanse fortificado. Ya no registraba la UNIÓN una victoria, sino un copo. Ya no tenía veinticinco representantes en la Cámara, sino treititicinco: la totalidad, la unanimidad. El voto popular condenaba á los republicanos á la absoluta ausencia de los puestos oficiales.

Mas ¡ ah ! el Gobernador Post rompió la regia. Y colocó en una Corte de Distrito al señor Campillo, que dejaba la dirección de los republicanas de San Juan para acusar…… á los ciudadanos de Aguadilla. De Aguadilla, del Distrito en que las candidaturas de la UNION estaban corriendo mayor peligro; del distrito en que alentar á los republicanos equivalía á propender á sus éxitos electorales.

Aceptamos nosotros el combate y vencimos. Venceremos siempre. Pero no se olvide que se impuso la necesidad de mandar allí un Estado Mayor aguerrido, exponiéndole á una posible derrota.

Nadie pensará que hay motivos de gratitud en esa conducta.

AUMENTO DE SUELDOS.

La Asamblea Legislativa votó en 1908 una ley autorizando y facilitando el aumento do salarios al personal de la judicatura. De $3,000 pesos subían á $3,750, La reforma, como es lógico y natural, comprendía á todos los jueces y á todos los fiscales, sin distinción de filiaciones.

Pero como también es lógico y natural, la Cámara no llegó nunca á la sospecha de que los jueces y fiscales de origen unionistas serían postergados y preteridos. Lo fueron. Al amparo de la ley disfrutaron la bonificación entre otros, los señores Soto Nusa, Toro Cuevas, Campillo, Foote y Aponte, cuya historia la isla entera conoce. No censuramos eso. No lo sentimos. Al contrario ; nos alegra y nos complace.

Sólo que los señores Quiñones y Acosta disfrutaban $3,000 y $3,000 disfrutan. Hasta esos dos dignísimos magistrados no alcanzó el beneficio de la ley. Los esfuerzos de la UNIÓN para nivelarles á sus demás colegas, para evitarles la inferioridad por causa del orígen, fracasaren tristemente.

Y ahí les vemos, quietos y tranquilos, olvidados, víctimas una vez más de las facilidades históricas, asistiendo impasibles á la elevación agena y meditando ¡ quién sabe ! en los perpétuos infortunios de su patria, que no es dueña de sí misma y que no logra premiar á sus mejores hijos.

Ahí les vemos. No se quejan. No murmuran, Pero se queja la UNION en altas voces. Y la UNION piensa que es preciso lidiar, trabajar, pugnar para que Puerto Rico disponga de lo suyo y no ande con los ojos vueltos hacia arriba, en súplicas de una limosna de equidad.

El árbol es fuerte. Hacha en el árbol, exclaman los tutores omnímodos. El árbol crece, crece ; no importa el hacha. La raiz, profunda, enérgica, se agarra en los oscuros senos del terruño.

El árbol no puede morir.

EL SALVO CONDUCTO.

Como resultante y consecuencia de la campaña parlamentaria de 1907, el Departamento de Sanidad, Caridad y Corrección, que estaba dirigido por republicanos, estuvo dirigido por unionistas.

El ilustre patricio señor Acuña era el jefe. Y, no confiando en la generalidad de sus subalternos — todos republicanos—exigió á muchos sus renuncias.

Se le censuró ; se le atacó sin piedad. Los republicanos, que siendo minoría desplazaban á sus adversarios, no comprendieron que sus adversarios, siendo mayoría, les desplazasen á su turno.

Aunque las cosas no cabían más claras, aunque los jefes de la UNIÓN anticiparon en la Mansión Ejecutiva, con hidalga franqueza, sus propósitos y sus planes, llegó un momento on que la censura y el ataque descendieron de allá, de las cumbres en que no se ignoraba cómo, por qué y con cuanta autoridad el señor Acuña traspasó los dinteles del Consolidado.

Sufrimos y callamos. Nuestro deber nos imponía el dolor y el silencio.

Los republicanos salían, salían, del Consolidado. Y arribaban, arribaban á las diversas oficinas del Consejo Ejecutivo y las del Board de elecciones.

La hostilidad, evidente, sin careta, franca y burlona, ostentándose á pleno sol, nos producía dos efectos: el de una satisfacción sincera por los paisanos favorecidos, bien que ellos nos consagren sus odios cordiales; el de una indignación severa por las autoridades favorecedoras, que procedían con el “arriore penseé”, de quitarnos prestigio ante la galería de espectadores gratuitos del desfile.

Y en el afán de que la obra fuese amplia y completa, el Gobierno colocó á delincuentes de homicidio y de otros delitos; personas cuyos nombres no citamos para no mortificarlas; pero cuyo “record” en el penal sabemos sílaba por sílaba.

La UNIÓN ha tenido un calvario. La reseña no concluye todavía. Es más larga; más larga.

Al fin el público fallará si es ó no es la UNIÓN el partido de la ecuanimidad y la templanza.

EL CONSEJO POR DENTRO.

¡ Ah ! La designación de Consejeros por el Ejecutivo es acaso el punto es que está más de relieve la política curvilínea del Gobierno.

Por los pupitres de esa especie de paradoja parlamentaria, á un tiempo mismo cámara que legisla y gabinete que ejecuta, pasaron los “leaders”, los “grandes leaders” republicanos : Gómez Brioso, Guzmán Benítez, Sánchez Morales, Barbosa. Los dos últimos permanecen.

En cuanto á los unionistas, se procedió siempre por conveniencias del Gobierno y no por conveniencias de la UNION. Se escogía á los hombres de quienes, tras largo estudio, pensaban en la Fortaleza que, bien por su edad, bien por la templanza de su carácter, bien por su modo de ser y de actuar, resultarían más inofensivos.

Por fortuna nuestros amigos, suaves acaso en la apariencia, en el fondo poseen la inflexibilidad del acero : ni se doblan ni se rompen. Y se equivocaron los que creían contar con ellos : con ellos contaba su partido.

Así, al ponérseles á prueba, se vió que respondían antes á la confianza del país que á ninguna otra confianza. Lo cual no destruye nuestra sorpresa ni borra nuestra amagura, ya que nosotros juzgamos la intención á que obedecían los nombramientos en sí.

La Junta Central, conociendo la suspicacia con que eran acogidas sus propuestas, se negó á presentarlas y dejó libre el campo, á fin de que el Gobierno procediese á su antojo, segura de que cualquier unionista hará un buen Consejero y segura también de que los gobernantes se engañarán siempre que maniobren para captarse servidores dúctiles en las plazas del Consejo.

LAS COMISIONES.

Hay en el Consejo una Comisión de importancia : la Comisión de Hacienda. Y en dicha Comisión un republicano : el doctor Barbosa. Ningún unionista.

En los dictámenes, el pensamiento de la mayoría del país no puede ser expresado. En cambio se expresa el pensamiento de la minoría. Lo justo : que figurase la opinión en sus dos matices.

Hay, además, una Comisión de franquicias, de mayor importancia que la de hacienda. Y la componen cuatro americanos y un puertorriqueño republicano. Ningún unionista.

La Comisión do franquicias concede, en propiedad ó en usufructo, cosas que pertenecen á Puerto Rico. Parecía natural que, entre sus cinco miembros, hubiera tres, nativos y dos americanos, y entre los tres nativos dos unionistas y un republicano.

Los unionistas tampoco caben allí. Diríase que cien mil electores de la UNIÓN no representan ni un adarme de la fortuna insular. Son muchos, son ricos. Pero sin duda no son “personas gratas,” ya que de tal manera se prescinde en absoluto de su intervención legítima,

Y no se arguya que no se trata de una función gubernativa, sino de una función legislativa. Las franquicias corresponden al Consejo, no como materia que legislar, sino como materia que administrar.

El pais está rebajado en esta Comisión : la UNIÓN está anulada.

“Cosas veredes el Cid que harán hablar las piedras.”

SECUNDA REELECCIÓN.

En tanto que los “leaders” unionistas encuentran cerrada á martillo las puertas de ingreso en el Ejecutivo, el jefe máximo republicano, el señor Barbosa, ocupa su puesto una, otra y otra vez. Se le eligió en 1900. Se le eligió en 1904. En 1908 todas las circunstancias, todos los precedentes, venían indicando que una segunda reelección era un desafío á las tendencias triunfantes on las urnas por abrumadoras mayorías.

En Washington no se manifestaba—fuera del senador Foraker — interés alguno en reelegir al prócer republicano. Y antes bien sabíamos que personas de alto influjo preferían no reelegirle.

El Gobernador intervino y la reelección fué hecha. ¿Qué argumentos empleó ? ¿ A qué recursos apeló ? Allá lo saben. Acá no lo ignoramos. Convenía robustecer á un partido en divorcio con el país y utilizarlo, á manera de contra peso, frente á un partido en estrecha solidaridad con el país, Convenía, en otras palabras, levantar de su marasmo profundo á los republicanos y detener el vuelo extraordinario de los unionistas.

A eso debe su tercer período el señor Barbosa Se le impuso, no á causas de sus condiciones y aptitudes — muy apreciables, desde luego — sino por residir en su personalidad la corriente galvánica que levantaría á Lazaro de su tumba electoral. Y habiéndose probado que la opinión no estaba con el señor Barbosa, con el señor Barbosa estuvo el Gobierno.

Fué aquel un instante de crisis. “To be or not to be. That is the question.” El Gobierno, que en nuestra isla ejerce el poder de un Júpiter tonante ó de un Dios omnipotente, quiso convertir la momia en euménide. La convirtió.

Y la Junta Central, en su libro de actas, tomó nota de las inclinaciones de la aguja magnética, que marca sin cesar al Norte, al Norte, al Norte.

GOLPE AL YUNQUE.

Llegó, á costa de mil esfuerzos de la UNION, el señor Acuña á las poltronas del Consejo. Un jefe, un pensador, un espíritu cuito y sereno, una complexión moral é intelectual que nos inspira, más que una confianza sin reservas, una fe sin eclipses. El Gobierno le nombró suponiéndole débil. La UNION le acogió, entusiasta, sabiéndole una voluntad, un entendimiento y un carácter.

A los pocos meses hubo una variación en las Comisiones del Consejo. En la de hacienda, en la de franquicias, en la de leyes, en la de educación, es decir, en las cuatro principales, no hubo sitio para él. Para los señores Barbosa y Sanchez Morales sí lo hubo.

Al señor Acuña se le relegó á las comisiones de obras públicas, imprenta y comercio. La primera puramente nominal ; la segunda casi tan nominal como la primera y la segunda, aparte el período legislativo, en que las dos últimas se mueven algo, aunque algo sin el menor interés político.

El señor Barbosa, por el contrario figura en hacienda, educación, elecciones, nombramientos y salud pública.

No es responsable directo el Gobernador, Lo es el presidente del Consejo. Y, de cualquier modo, la entidad Gobierno de Puerto Rico. Y, de cualquier modo, los unionistas en posición insignificantes, con funciones anodinas. Los republicanos en posiciones predominantes con funciones contínuas y de seguro efecto.

Machiavelo — ejecutivo en marcha. El axioma “divide y vencerás” en ejercicio. El eterno mote de las tiranías, “apoya al débil contra el fuerte” en plenitud de fuerza.

Ningún partido que no fuese tan patriota como la UNIÓN coparía después de esto.

La UNIÓN ha copado.

El 4 de Febrero se discutió y aprobó el bill Herminio Díaz, sobre instrucción pública. La nota sobresaliente en los debates, fué la gran independencia de los oradores, pero todos siempre acordes en su crítica severa de los actos de la administración. El discurso del señor Díaz Navarro, fué elocuente y severo y de él entresacamos los siguientes párrafos :

El Departamento de Educación, señor Presidente, en escandalosas y nunca vistas violaciones de la llamada Ley Orgánica, ley que es á su vez una flagrante violación de los más rudimenrios principios democráticos ya que se ha discutido, se ha votado y se nos ha impuesto á guisa de UKASE, sin contribuir nosotros, ni con nuestra palabra, ni con nuestro voto, ni con nuestra representación parlamentaria á su factura y á su consagración ; el Departamento de Educación, repito, en constantes violaciones así mismo de las leyes acordadas y votadas por la Legislatura de Puerto Rico, falsificando el espíritu de esas leyes, con capciosas interpretaciones de sus preceptos, viene actuando en el seno de esta sociedad, á su capricho y con tan escandalosa usurpación de poderes y facultades que no ha vacilado un punto en erigirse en dueño y señor de la propiedad adquirida por nuestros maestros con el sudor de su frente, arrebatándosela por sí y ante sí, y en convertir á los hijos de las madres puertorriqueñas en miserables esclavos, sobre cuyas espaldas hace resonar el látigo de los castigos corporales por la omnímoda voluntad de ese Departamento introducidos en nuestras escuelas, como si no fuese bastante el látigo político que sentimos silbar sobre nuestras cabezas los que aquí luchamos y batallamos en las esferas de la vida pública.

El 5 de Febrero tuvo lugar la primera sesión de aquellas que algunos espíritus superficiales calificaron de tempestuosas y anárquicas, y que á nuestros ojos resultó de una gradeza imponente.

Nunca se discutió con tanta libertad y entusiasmo en los salones de la vieja Diputación Provincial.—Aquellos treinta y cuatro hombres profesando las mismas ideas políticas, militan do dentro de una misma colectividad, unidos por fuertes lazos de amistad, expusieron sus opiniones y defendieron sus creencias con la mayor fe y entusiasmo para someterse luego, unánimes, á los dictados de la mayoría, Precisamente á contar desde la sesión del 5 de Febrero, pudo ya predecirse cual sería el espíritu de patriotismo que iba á dominar en la Cámara de Delegados cuando llegara el momento de hacer frente á las intransigencias del Gobierno.

En el entretanto discutíase en el Consejo Ejecutivo el presupuesto, y se aprobaban las partidas con arreglo al criterio de los jefes de departamentos. Los delegados estudiaban esos debates, porque se veía con bastante claridad que el conflicto surgiría de las conferencias sobre el presupuesto. Hacía tiempo que los consejeros continentales procuraban llevar la Cámara á una crisis sobre las apropiaciones para trabajar luego, por todos los medios posibles, que el Congreso les confiriera el poder de hacer los presupuestos sin la concurrencia de la representación popular. La Cámara había, hasta ahora, evitado el rompimiento ; pero parecía llegada irremediablemente la hora del conflicto. En el curso de estas páginas demostraremos que la culpa y las responsabilidades pertenecen al Consejo, por sus intransigencias colectivas y la intemperancia personal de la mayoría de sus miembros.

En estas condiciones llegó la Cámara á la sesión del 2 de Marzo, entrando en la orden del día el debate sobre el presupuesto.

Se había aceptado el informe del Comité de Hacienda proponiendo una rebaja en los sueldos de 5, 10 y 15 por ciento en proporción al importe del salario: Sueldos de 500 dollars en adelante, 5%; de 1001 dollars en adelante 10%; de 2001 dollars en adelante 15%. Con arreglo á este informe, y después de varios interesantes debates, se aprueba el presupuesto, suprimiéndose además algunas plazas, y rebajando en algunos sueldos de la Corte Federal el 90%; y suprimiendo todas las partidas sobre gastos y expensas de dicha Corte.

El día 6 de Marzo se convocó por la Junta Central á una Asamblea General del Partido, que debería celebrarse el 14 del mismo mes. Cuando se hizo esta convocatoria todos presumían que la Legislatura terminaría sus sesiones el día 11 de Marzo.

El miércoles 10 de Marzo ya el rompimiento era inevitable. No se conformaba el Consejo Ejecutivo con posponer indefinidamente los proyectos de ley de la Cámara, ó con enmendarlos en forma tal que quedaban completamente desvirtuados, sino que leyes votadas por la Asamblea anterior y que, aún no cumplidas, constituían motivo de legítimas ambiciones por parte de los puertorriqueños, como la ley votando un crédito para la construcción del Capitolio, ó que, puestas en vigor, lo eran de orgullo, como los Asilos de Beneficencia, fueron objeto de las iras del Consejo ; y con verdadera festinación é incompetencia se presentaron proyectos de ley suprimiendo los Asilos y derogando la ley sobre construcción del Capitolio.

En la sesión de la mañana de ese día diez de Marzo se dió cuenta con el proyecto de ley sustituto del Consejo Ejecutivo al proyecto de la Cámara número 136, sobre nombramientos de Alcaldes y Concejales municipales. El tal sustituto no podía considerarse sino como una sangrienta burla, ó como una alevosa provocación. La Cámara había votado dos leyes de carácter descentralizador : una, para que los nombramientos de alcaldes y concejales estuvieran en todo tiempo y ocasión en manos del pueblo ; y otra, creando una corte municipal en cada pueblo, y suprimiendo los juzgados de paz. El Consejo hizo de ambos proyectos uno solo, pero quitando al pueblo, no ya las facultades que le confería la nueva ley, sino hasta aquellas que disfruta en la actualidad. A esto debía unirse la posposición de los proyectos de ley sobre educación y sobre tàsadores de la propiedad.

Por la tarde vino á la Cámara la comunicación anunciando que el Ejecutivo no concurría en las enmiendas de la Cámara sobre el presupuesto, y solicitando conferencias; designándose para ello á los señores Barbosa, Ward y Gromer. La Cámara acuerda concurrir á la conferencia solicitada por el Consejo, y se nombra para que la representen á los señores Soler, Llorens y Delgado.

Desde las cuatro basta las siete estuvieron en conferencia los comisionados y se retiraron sin llegar á un acuerdo. En la sesión de la noche el señor Soler dió cuenta del resultado de su misión en los siguientes términos :

Los Comisionados del Consejo empezaron manifestando la gran sorpresa que había experimentado el Consejo al ver las reformas tan radicales que la Cámara había hecho en el presupuesto y que deseaban que los comisionados de la Cámara dieran una explicación de esas medidas. Eutonces yo — dijo el señor Soler — como presidenta de la Comisión les manifesté que la Cámara había adoptado una medida general al hacer las economías en el presupuesto y que con una escala gradual de descuentos en los salarios procedió á la rebaja, y, por tanto, que el presupuesto tal como había sido aprobado por la Cámara ésta lo sostenía obedeciendo al criterio económico sustentado.

Uno de los comisionados del Consejo — añade el señor Soler—el señor Ward, respondió á los comisionados de la Cámara que el Consejo consideraba el proyecto del presupuesto tal como había sido enviado como un “ultimatum”, y que el Consejo, desde luego, no admitía la rebaja en los sueldos, y sí en algunos servicios, y aceptaba entrar á discutir partida por partida y quizás en alguna aprobaría las rebajas hechas por la Cámara.

De nuevo — continúa el señor Soler — respondí á los comisionados del Consejo; diciéndoles que la Cámara no consideraba como un “ultimátum” el proyecto de presupuesto enviado al Consejo ; que al efectuar las rebajas lo ha hecho en una escala gradual y en todos los salarios y que, por tanto, como comisionado por ese cuerpo legislativo sostenían una por una las enmiendas hechas por él.

Esa primera conferencia fracasó. Pocos momentos después de dar cuenta el señor Soler á la Cámara con sus gestiones, se leyó por la Presidencia una segunda comunicación donde se solicitaba nueva conferencia, y se indicaba como comisionados del Consejo á los mismos señores Ward, Barbosa y Gromer que tomaron parte en la primera. Esto causó una impresión desagradable en la Cámara, porque parecía indicio grave de que el Consejo quería sostener á todo trance sus intransigencias. El señor Muñoz Rivera se levantó y propuso, que como el Consejo nombraba á los mismos comisionados para la segunda conferencia, él pedía que también fueran nombrados por la Cámara los comisionados que fueron á la primer conferencia. El Presidente devolvió la comunicación al Consejo, y se recibió otra nombrando á los señores Hoyt, Dexter y Travieso. Por la Cámara fueron los señores Matienzo, Acuña y Coll Cuchí, (José). Esta segunda conferencia sobre el presupuesto comenzó á las diez de la noche del día diez de Marzo. Terminó á la una de la mañana, fracasando también. La Cámara adoptó en la mañana del día once el acuerdo de “que las comisiones de conferencias sobre el presupuesto se consideran fracasadas ; que no se nombrarán nuevas comisiones á menos que la nueva conferencia sea pedida por el Consejo ; y que en este caso se deje á la comisión que se nombre en completa libertad para ejercer sus funciones.” Pocos momentos después solicita el Consejo nuevas conferencias y la Cámara nombra á los señores Georgetty, Coll Cuchí (Cay), y Oppenheimer.

Entre tanto funcionaban cuatro ó cinco comisiones de conferencias sobre los proyectos de leyes municipales, tasadores, etc. Pero por ningún lado había acuerdo, porque el Consejo no quería ceder de sus actitudes en ninguno de los proyectos de ley de la Cámara, y pretendía, en cambio, que se aprobaran sin enmiendas por la Cámara todos los proyectos del Consejo. Ya á última hora la Cámara empezó á abandonar sus proyectos. Se abandonó la ley de condados, se transigió en lo del banco agrícola, se cedió en lo de instrucción pública, se buscó acomodo en la cuestión de los asilos, siempre ajustándose las comisiones á los deseos del Consejo. Se cedió hasta donde podía cederse dentro del honor y la dignidad humanas. Después de esto la Cámara consideró pronunciada su última palabra, y sus treinta y cuatro miembros hubieran marchado serenos á la pérdida de sus vidas sin conceder un átomo más de las pretensiones del Consejo.

Y llegamos á la sesión de la noche del día once de Marzo, última de la Legislatura, que debía, según la ley, terminar á las doce en punto de la noche. Desde las nueve el salón de la Cámara presentaba un aspecto serio y grandioso. Respirábase la atmósfera de las grandes solemnidades. Asistían todos los delegados. Un público distinguido ocupaba los salones contiguos al de sesiones. Ya había fracasado la tercer conferencia sobre el presupuesto. A las nueve y media llamó el presidente al orden. El Sr. José Coll Cuchí pide la palabra é informa á la Cámara, que la Comisión de conferencia acerca del proyecto sustituto del Consejo á los proyectos de la Cámara sobre nombramiento de alcaldes y concejales y sobre nombramiento de jueces municipales, no ha podido llegar á un acuerdo, por sostener el Consejo el criterio de que los jueces de paz subsistan y sus nombramientos sean hechos por el Gobernador.

La Cámara acuerda no solicitar nuevas conferencias, En el salón de traducciones se encontraban momento después — á las diez y cincuenta minutos — los Sres. Willoughby y Hoyt, del Consejo, con los Sres. Soler y Muñoz Rivera, de la Cámara, discutiendo la situación y tratando de llegar á un acuerdo.

A las once y quince minutos aprueba la Cámara el siguiente memorial:

Memorial, al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos.

La Cámara de Delegados de Puerto Rico, á nombre del Pueblo de Puerto Rico expone sus quejas y sus deseos al Pueblo de los Estados Unidos.

Nuestro pueblo no está conforme con la injusta ley orgánica y vigente y os pide que la deroguéis, ó, por lo menos, la enmendeis en forma tal que la Asamblea Legislativa sea electa por el pueblo y el gabinete ejecutivo por el Gobernador, con el consentimiento del Sonado Insular.

Queremos nuestra libertad de igual manera que quiso y conquistó la suya el pueblo americano. Y ese gran pueblo, si responde á su historia, no puede mantenernos bajo Una tiranía.

Confiamos, pues, en que vuestra justicia no se desmentirá. Y demandamos la plenitud de nuestro derecho.

Al aprobarse el anterior memorial son las doce menos cuarto. Hay gran expectación. Todos los delegados ocupan sus pupitres, á excepción de los señores Muñoz Rivera, Soler y el Presidente señor de Diego, quienes en las oficinas del Departamento de Justicia conferencian con el Gobernador y varios miembros del Ejecutivo. Entran los delegados conferenciantes en el salón y, como por arte mágico, corre el rumor de que se ha llegado á un acuerdo. Palpitan los corazones patriotas con alegría y entusiasmo, porque la Cámara evitó en lo que pudo, y no deseaba el conflicto. Llamó al orden el señor de Diego, y levantándose el señor Muñoz Rivera, en medio de un silencio absoluto, dijo :

Señor Presidente: — Son las doce menos diez minutos ele la noche — La constitución orgánica ordena que la Asamblea debe levantar sus sesiones á las doce en punto. Pido que se cumpla ese precepto constitucional. Y anuncio que el Gobernador de Puerto Rico enviará á la Asamblea una proclama convocando á sesiones extraordinarias, que empezarán mañana mismo. Creo anticipar á mis colegas que el Gobernador dirijirá á los dos cuerpos legislativos un mensaje en que se autoriza la discusión del presupuesto, pendiente todavía, y la de otras leyes, que satisfarán los anhelos de Puerto Rico, y engendrarán un movimiento de alegría.

Renuevo mi proposición para que esta Cámara suspenda sus trabajos.

Estas cortas palabras probaban dos cosas : que se había llegado á un acuerdo entre los leaders de ambas Cámaras, y que en la contienda había quedado á salvo el honor de los representantes del pueblo de Puerto Rico.

La Cámara y el numeroso público prorrumpió en un largo y entusiasta aplauso.

NOTAS AL CALCE

[1] En el apéndice que unimos a esta exposición se verá un estudio comparativo entre la Constitución autonómica y el Acta Foraker vigente hoy en Puerto Rico.