La segunda semana

El sábado 27 de Marzo, después de despachar el correo para Puerto Rico, ocupose la Comisión de la impresión del alegato presentado al Secretario Ballinger. Dicho alegato fué editado en una tirada de seiscientos ejemplares. Se enviaron á la prensa algunos, otros á la Junta Central y á la Cámara, otros á las Juntas locales y el resto se distribuyó en Washington, entre Senadores y Representantes. Los periódicos de Washington dieron á conocer un extracto bastante amplio del panfleto.

El domingo á primera hora insertó la prensa de Washington un cable en que la “American Federation of Labor”, interpretada por Santiago Iglesias, acusaba á la Cámara de Puerto Rico de antiamericanismo y pedía la subsistencia del Acta Foraker. La Comisión extendió inmediatamente su respuesta, que llevó Coll Cuchí á los diarios de la mañana, y que apareció el lunes.

Decía así:

Los periódicos de hoy publican un cable de Puerto Rico refiriéndose á un acuerdo en que la “American Federation of Labor” acusa de antiamericanismo á la Cámara de Delegados y pido la continuación del Acta Foraker.

La Comisión de la Cámara no cree necesario contestar á ninguna de esas dos afirmaciones. Si un sentimiento unánime de antiamericanismo prevaleciese en el país, esto sería la más terrible censura contra el Gobierno local. Y si hubiese muchos puertorriqueños capaces de pedir la subsistencia del Acta Foraker, esta sería la más grave censura contra el país mismo.

Por fortuna, la “American Federation of Labor” sólo existe en la isla de un modo puramente nominal. Véase lá estadística de las elecciones de Noviembre de 1908.

Electores registrados………..………..203,055.

Votos emitidos………………..………158,134.

Votos unionistas…………………..…..101,033.

Votos republicanos……………….….54,962.

Federation of Labor…………………………1,327.

Otros candidatos………………………………934.

Resulta, pues, que, mientras la “Unión de Puerto Rico” representa más del 63 por 100 de la votación total, la “American Federation of Labor”, representa el 8’39 por mil, ó sea el uno por ciento. Después de diez años de trabajos, un Santiago Iglesias, organizador de la “American Federation of Labor”, y cobrando un gran sueldo, solo ha podido reunir 1,327 votos en un territorio donde los obreros de las fábricas pasan de 20,000 y los braceros del campo ascienden á más de 180,000.

La reforma del Aeta Foraker, tal como la pide la Comisión de la Cámara, á saber : un Senado electivo, una Cámara electiva y un Gabinete Ejecutivo nombrado per el Gobernador americano, de acuerdo con el Senado Insular, está en el programa de los unionistas y de los republicanos, únicos partidos políticos en Puerto Rico. De manera que esta es una aspiración de 159,167 electores. Toda la isla.

En cuanto á los proyectos de ley que produjeron el conflicto entre el Consejo y la Cámara, conviene hacer constar que los señores Barbosa y Sánchez Morales, Consejeros republicanos del Ejecutivo, y única representación republicana en la Asamblea Legislativa, los defendieron y los votaron. Son esos proyectos otra aspiración total de Puerto Rico.

(Del “Evening Star” de Washington.)

El telegrama de Santiago Iglesias, contestado, en esa forma por los Comisionados, produjo una tempestad de protesta entre el elemento obrero de Puerto Rico, unionados ó nó. Los periódicos se llenaron de firmas, y los patrióticos telegramas y comunicados llenarían un voluminoso tomo.

Aquel mismo día 28 de Marzo fué citada la Comisión para la entrevista con los del Consejo Ejecutivo en el despacho de Mr. Ballinger.

El mismo día se recibió la visita de los señores Alfredo Zayas, Vice-presidente de la República de Cuba, y Gonzalo de Quesada, ex-ministro plenipotenciario de aquel pais en Washington, Se trataron cuestiones de política con ambos, se aseguró el concurso valioso del último para fines patrióticos, y con el primero se ocupó el señor Muñoz Rivera del problema del azucar, en relación á las tarifas que discute el Congreso.

Tambien visitaron á la Comisión muchos jóvenes de las colonias cubana, mexicana y puertorriqueña.

El lunes siguiente, luego de preparar la Comisión datos y documentos para su entrevista en la Secretaría, del Interior, almorzó el señor Muñoz Rivera con el señor Zayas y otros compatriotas suyos en la casa particular del señor Quesada. Desde allí, á las tres de la tarde volvió al Hotel “New Willard”, á fin de recoger á sus compañeros para trasladarse todos á la conferencia oficial supradicha. El Sr. Benitez estaba enfermo y su médico le prohibió en absoluto abandonar el lecho. También el Sr. Muñoz Rivera estaba enfermo. Aquella misma mañana discutían los médicos sobre la necesidad de operarle el pie derecho. A ruegos del señor Muñoz se pospuso la operación para el siguiente día y calzándose una zapatilla, asistió así, sufriendo grandes dolores, á la comida del Sr. Quesada primero, y más tarde á la conferencia en el Departamento del Interior.

La Comisión de la Cámara, menos el Sr. Benitez, llegó al despacho de Mr. Ballinger á las cuatro en punto de la tarde. Algún tiempo después llegaron los señores Willoughby, Ward y Hoyt. Admitidos todos á presencia del Secretario comenzó la entrevista.

El Secretario manifestó que deseaba de la Comisión de la Cámara que expusiera sus quejas. El Sr. Coll Cuchí, á nombre de sus compañeros, entregó al Secretario y cada uno de los Consejeros presentes una copia del alegato impreso, y manifestó, en nombre de sus compañeros y en el suyo propio, que la Cámara de Delegados de Puerto Rico estaba dispuesta á realizar cualquier sacrificio, dentro de las exigencias del honor y del decoro, para solucionar las dificultades y, llegando á un acuerdo, aprobar las leyes de presupuestos.

El Secretario del Interior solicitó inmediatamente de los señores del Consejo la exposición de sus quejas, y dichos señores entregaron á los Comisionados de la Cámara una copia escrita en máquina del alegato que se publicará á continuación, y el cual no tuvieron, los Comisionados ocasión de examinar hasta horas después de terminada la conferencia.

Mr. Ballinger enseguida dijo, que en este asunto habían dos cuestiones; una, la necesidad de que la Legislatura aprobase un presupuesto para poder llevar adelante el Gobierno de Puerto Rico, y otra, los proyectos de ley de la Cámara ampliando la autonomía municipal. Manifestó que, en su opinión

el Gobierno Federal no podía, en manera alguna aceptar el precedente de comerciar con la legislación: esto es, que no podría aconsejar al Consejo Ejecutivo que aprobara un determinado propecto de ley de la Cámara á cambio de que la Cámara aprobara el presupuesto —y terminó añadiendo, que si no se llegaba á un acuerdo informaría al Presidente sometiera la cuestión al Congreso recomendando que se enmendara la ley, en el sentido de que, si por cualquier motivo no se aprobara algún año la ley de presupuesto, que se considerara vigente el presupuesto del año anterior.

El Sr. Coll Cuchí respondió al Secretario que la Comisión también entendía que había envueltas dos cuestiones en este asunto, y que jamás, ni la Comisión ni la Cámara de Delegados, habían confundido estas dos cuestiones. Que la Comisión deseaba que el Secretario tuviera un conocimiento perfecto de las posiciones adoptadas por la Cámara.

Que al terminarse la sesión extraordinaria de la Legislatura puertorriqueña la Cámara baja aprobó el proyecto de ley del presupuesto con enmiendas, y que el proyecto fracasó en el Consejo Ejecutivo. Que los delegados no abrigaron, ni por un solo momento, la intención de establecer un comercio inmoral de las leyes, obligando al Consejo á aprobar ciertas leyes de la Cámara á cambio de hacer la Cámara lo mismo con las leyes del Consejo. Que el sistema bi cameral está basado en la teoría que al surgir dificultades sobre cualquier medida legislativa se sometan á los comités de conferencias, donde cada ramo de la Legislatura cede un tanto en sus conclusiones hasta formar la opinión de ambas Cámaras. Que si el Consejo Ejecutivo sostiene inalterablemente sus ideas y la Cámara hace lo mismo nunca sería posible obtener legislación de ninguna clase. Que la Cámara enmendó el proyecto de ley de presupuesto, siguiendo las recomendaciones del Gobernador, pero que estuvo siempre en las conferencias dispuesta á discutir sus enmiendas, lo que nunca logró, por las intransigencias de los conferenciantes del Consejo, los que siempre pretendieron que la Cámara retirara todas sus enmiendas simultáneamente, sin quererlas discutir desde el punto de vista en que planteaban la cuestión los conferenciantes de la Cámara.

La Comisión alegó que semejante conducta no podía ser calificada como comercio de leyes: era discutir, conferenciar. Si tal no pudiera hacerse entendía la Comisión que no tenía razón de ser el sistema dual parlamentario. Que la mejor prueba de que estaban en lo cierto se hallaba en el Capitolio de Washington, donde todos los días ocurría lo mismo, con plausible habilidad por ambas Cámaras, y á nadie se le había ocurrido por ello acusar de incapacidad á los legisladores federales.[1] Que los miembros del Consejo querían dar este aspecto á la cuestión para tratar de obtener luego del Congreso qué se quitara á la Isla, el único poder, pequeño como es, de intervenir en la aprobación de su presupuesto.

El Secretario Ballinger preguntó entonces á Mr. Willoughby qué tenía que manifestar á lo expuesto por la Comisión, respondiendo este señor, que él creía que semejante cuestión no podría ser resuelta en una conferencia como aquella, y que la necesidad de someterlo todo al Congreso era imprescindible. El Sr. Coll Cuchí inmediatamente interrumpió al Sr. Willoughby alegando que se alegraba de semejantes palabras, las cuales ponían de manifiesto el espíritu de ambas comisiones. Que allí estaba la Cámara de Delegados de Puerto Rico ante el Poder Ejecutivo de la Nación deseosa de transar todas las dificultades y de evitar á la Administración el conflicto que se le obligaba á solucionar ; y por otro lado venía el Consejo Ejecutivo á sostener sus intransigencias é intemperancias, á las cuales se debían todos los desacuerdos habidos entre el pueblo y el Gobierno en Puerto Rico durante los últimos diez años.

Los señores del Consejo no contestaron nada á esta observación; y volviendo otra vez á sus posiciones declararon que el Sr. Muñoz Rivera les manifestó en presencia del Gobernador el último día de las sesiones, que si las leyes municipales no se aprobaban no habría presupuesto. El Sr. Muñoz Rivera relató lo ocurrido en la conferencia á que se referían los consejeros, y que ya conocen nuestros lectores, probando la inexactitud de lo expuesto por el Sr Willonghby. También refirió lo ocurrido en la conferencia habida en la noche última de la sesión ordinaria, donde el Sr, Willonghby y el Sr. Hoyt se comprometieron á pasar las leyes que el Gobernador nombrara en su mensaje á la Asamblea extraordinaria, y cómo habían faltado á su compromiso.

El Sr. Ballinger interrumpió al Sr. Muñoz Rivera enseñándole copia del telegrama de Santiago Iglesias. El Sr. Muñoz Rivera tomó el telegrama y contestó:

Sr. Secretario: No quiero contestar á ese telegrama. Pudiera creerse que soy apasionado.

Y pasando al Sr. Willoughby el telegrama añadió :

Que digan los señores del Consejo la importancia de lo contenido en ese papel. Suscribo, desde ahora, sus manifestaciones.

El Sr. Willoughby sonrió y dijo que aquello no tenía importancia alguna, y que ellos no querían la opinión de Iglesias, ni contaban con ella para nada. El Secretario volvió á guardar su telegrama cuando notó el poco éxito que había tenido, y preguntó si no era cierto que en la Cámara de Delegados se había presentado una resolución para la total abstencion legislativa, en tanto en cuanto la Ley Orgánica no fuera enmendada. El Sr. Muñoz Rivera contestó que no era cierta Que en una Asamblea política se presentó la resolución indicada y que fué derrotada por 26 contra 9, siendo él uno de los veinte y seis.

El Sr. Willoughby sacó una traducción de la carta que el Sr. Muñoz Rivera escribió al Sr. Llorens Torres, y que figura en la página 23 de esta obra. La conferencia iba desviándose de su primer motivo. Ya no se trataba del conflicto pendiente de resolución: ahora parecía que los Consejeros tenían gran empeño en atacar personalmente al Sr, Muñoz Rivera, y tomaban un sendero en cuyos horizontes empezaban á formarse las acusadoras nubes de anti-americanismo, que tantos argumentos han prestado á los enemigos de la Isla. El Sr. Muñoz Rivera escuchó tranquilamente esa acusación y solicitó se le indicara cuando podía contestar. Invitado á ello por el Secretario dijo :

Efectivamente esa carta es obra mía. Lejos ele negarla la ratifico en cuanto dice y en cuanto da á entender. Creo que nuestra deber es luchar dentro del régimen que se nos impone. Y si el Gobierno de los. Estados Unidos persiste en su injusticia, y si llega un día en que pierda el pueblo, puertorriqueño la última esperanza de su redención, entonces deberá acudirse á la abstención legislativa y á cuantos medios aconseje, no el éxito ya imposible, sino el honor. Ahora, á los Estados Unidos, señor Secretario, toca decir, cuando so perderá esa última esperanza.

Volviéronse los consejeros contra el Sr. Muñoz Rivera y le acusaron directamente de pretender el absolutismo político por medio de los proyectos de leyes municipales: y como prueba de semejante afirmación se refirieron al caso del Alcalde de Caguas y al discurso del Sr. Muñoz Rivera contra el Gobernador Post. Volvió el Presidente de la Comisión á tomar la palabra.

Solamente hay una cosa, señor Secretario, en ese discurso que me tenga pesaroso. Dicen los señores que fué un violento ataque contra el Gobernador. Pues bien, siento en el alma no haberlo hecho más violento todavía, por que lo realizado por el Gobernador Post en el caso del alcalde do. Cáguas, no t ene precedente alguno en ningún Gobierno democrático.

Y prosiguió el Sr. Muñoz Rivera haciendo la historia de lo ocurrido. Por las manifestaciones de Mr. Ballinger en el curso de esta conversación comprendieron los Comisionados de la Cámara que se había falseado mucho la verdad por la persona que primeramente hablara de este asunto con el Secretario.

Hacía, próximamente, hora y media que duraba la entrevista, cuando preguntó el Secretario cual era la opinión de los Comisionados de la Cámara sobre las facultades que la ley Orgánica da al Consejo Ejecutivo para hacer el presupuesto sin la aprobación de la Cámara de Delegados. Contestó el Sr. Coll Cuchí, á nombre de la Comisión, que era un absurdo pretender dar esa interpretación á la ley. Que por virtud de su letra y de su materia ese era un estatuto que tenía que interpretarse muy estrictamente, y tomándolo en cueuta en su totalidad. Hizo muchas otras consideraciones hasta admitir el Secretario que, por lo menos, era muy discutible el punto.

En el curso de la entrevista, que duró dos horas, y en que se discutió de una manera cortés, aunque ruda y vigorosa, se vió siempre al Secretario Ballinger inclinándose á los Consejeros, sin descubrirse y sin comprometerse, pero revelando que no se inspiraba en una perfecta imparcialidad. Al concluir, advirtió que expresaría al Presidente la conveniencia de que el asunto se sometiera al Congreso en un mensaje en que se indique, como necesaria, la vigencia del presupuesto actual para el próximo ejercicio de 1909-1910. La Comisión de la Cámara respondió que no la sorprendía ese propósito, que lo considerarla como una injusticia á la cual Puerto Rico, débil, no podría resistir, si bien Puerto Rico, digno, protestaría, y que mayores dificultades eran de preverse en el porvenir á causa de los sufrimientos que se imponen á Puerto Rico.

El señor Secretario manifestó que trasladaría un resumen de la conferencia al Presidente, aconsejándole que llamase á los Comisionados de Puerto Rico y con ellos buscase una solución satisfactoria.

Y así, con otros detalles de menor importancia, terminó esta conferencia, teniendo la seguridad los Comisionados de la Cámara de que la Administración no les juzgaría imparcialmente. La actitud de Mr. Ballinger era preludio del Mensaje de. Mr. Taft, y ésto lo apreciaron los Sres. Muñoz Rivera, Coll Cuchí y Benitez Castaños, desde el mismo día de esta entrevista.

De regreso los Comisionados al Hotel New Williard leyeron el alegato de los miembros del Consejó. La firmaban Willoughby, Hoyt y Ward. — Es como sigue:

Washington, D. C.
Marzo 29 1909.

Señor:

Habiendo leido el informe sometido por la Comisión de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, sobre las diferencias surgidas entre la Cámara y el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, cuyas diferencias tuvieron por resultado la terminación de las sesiones regular y extraordinarias de la Legislatura Puertorriqueña sin aprobar el presupuesto ni el proyecto de ley de deficiencias, los que suscriben, miembros del Consejo, enviados aquí por orden expresa del Gobernador de Puerto Rico para presentar el caso ante las autoridades federales competentes, solicitamos permiso para exponer las circunstancias de modo que se tome la acción debida para poner término á la situación.

La situación es simple: las razones que le han producido son complejas. El bill anual de apropiaciones, proveyendo para el mantenimiento del gobierno de Puerto Rico, pasó al Consejo y fué debidamente enviado á la Cámara. La Cámara enmendó el bill en varios particulares de importancia, entré los cuales están los siguientes:

(a) Eliminaron todas las partidas para pago de jurados y expensas de testigos y de viaje de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

(b) Redujeron todos los sueldos de dicha Corte, que no fija el Congreso, en un 90 por ciento.

(c) Eliminaron todas las partidas para la publicación, como marca la ley, de la Gaceta Oficial.

(d) Trataron de cambiar todo el sistema de valoración de la propiedad, sustituyéndolo por juntas controladas en cada localidad por tres tasadores nombrados por suerte entre los veinte primeros contribuyentes.

(e) Hicieron una reducción sistemática de 5%, 10%, y 15% en todos los salarios que no fija el Congreso.

Cuando el proyecto volvió al Consejo éste se negó á concurrir en las enmiendas y solicitó conferencias. Dos comités de conferencias fracasaron, porque los conferenciantes de la Cámara se negaban á ceder en cuanto á las partidas de la Corte Federal, cuyas enmiendas admitían ellos que virtualmente abolían dicha Corte. A las 10 y media p. m. el 11 de Marzo el tercer comité de conferencias estaba considerando el proyecto de ley, cuando los leaders del partido de la Cámara de Delegados, un cuerpo unánimemente unionista, manifestaron en una conferencia especial con el Secretario Willoughby y el Attorney General Hoyt, que ellos no podían dominar la Cámara y que la Cámara no aprobaría el informe del Comité de Conferencias, sino que se marcharían á sus casas los delegados á las doce de la noche : que si nosotros pudiéramos persuadir al Gobernador para que llamara una sesión especial para las diez de la mañana del 12 de Marzo, ellos pedían asegurar al Gobierno que podrían pasar y pasarían el presupuesto y que también tratarían de llegar á un acuerdo con el Consejo sobre otros proyectos de importancia. Los señores Muñoz y Soler, representando la Cámara, y Willoughby y Hoyt, representando el Consejo, fueron ante el Gobernador, quien procuró y obtuvo la asistencia á la conferencia del Sr. de Diego, presidente de la Cámara. El Gobernador accedió á este plan, pero haciendo enfática presión sobre el hecho de que el presupuesto había que aprobarlo de todas maneras sin tener en cuenta la posibilidad de un acuerdo con respecto á otra legislación. La sesión extraordinaria se convocó para el día siguiente. El proyecto general de presupuesto y el de deficiencias se presentaron, pasaron en el Consejo y fueron enviados á la Cámara como á las diez de la mañana. La Cámara volvió á sostener enmiendas á las cuales el Consejo negó su concurso y pidió conferencias. La sesión especial duró sábado, viernes y domingo hasta las dos y media de la mañana del martes. El comité de conferencias sobre el presupuesto llegó á un acuerdo y estaba preparando su informo cuando la Cámara hizo saber que exigía como condición para pasar cualquier proyecto de apropiaciones, que el Consejo aprobara ciertas leyes de la Cámara que contenían medidas extremas tendentes á arrancar de las manos del Gobernador los poderes de nombrar en las vacantes de Alcaldes, Concejales y Jueces de las cortes inferiores, sustituyendo así al Gobernador los dictados de la Junta Central del partido político que ganó las últimas elecciones, y para darle una fuerza á esta pretensión, pidió al comité de conferencias el presupuesto, á pesar de que, como hemos dicho, ya se había llegado á un acuerdo. Para ceder á estas pretensiones el Consejo hubiera tenido que deshacer la obra de los últimos diez años para crear una judicatura independiente, y hubiese entregado á los politicians todo el sistema judicial inferior como un arma de partido para perpetuar en el poder una oligarquía política. El Consejo deseoso de ceder en cuánto honorablemente pudiese á los deseos de la Cámara en este respecto, acordó aumentar el número de jueces electivos de veinte y siete á cuarenta y tres, y dar á los concejos municipales el derecho de llenar las vacantes que en los mismos ocurriesen, excepto cuando so destituyere un oficial por causa. Esas, concesiones no fueron suficientes, El Consejo se vió obligado á rehusar comerciar con la legislación, comprando la aprobación del presupuesto con la aprobación de otras leyes viciosas que no estimaba dignas de aprobación. De aquí resulta que no hay presupuesto—una situación que se ha venido esperando todos los años.

Siempre ha sido la costumbre de la Cámara retener el presupuesto en todas las sesiones hasta el último momento y hasta que los demás hayan pasado ó fracasado. Siempre ha tratado de forzar al Consejo á pasar sus leyes por este método. Este sistema, así seguido, tenía que resultar necesariamente, tarde ó temprano, en la imposibilidad de apropiar dinero suficiente para atender á las necesidades del Gobierno, y, como se trata de un hecho inevitable, quizás haya estado bien que ocurra ahora. No es correcto tomar esta situación como una mera diferencia entre la Cámara y el Consejo. Es algo más que eso. El Gobierno ha llegado á un extremo, del cual, dentro del Aeta Foraker, no puede pasar. El Congreso solamente puede solventar esta dificultad, No está en el poder de la Isla el hacerlo. No discutiremos aquí las varias posibles soluciones, son más facil de hacer cuando so reconozca la necesidad de que se impone un cambio en la ley Foraker.

Si se requiere una contestación al alegato presentado por los Sres. Muñoz, Coll Cuchí y Benitez Castaños, solicitamos permiso para añadir lo siguiente:

Las economías propuestas por la Cámara, y que se mencionan en la página 1 del alegato, hubieran tenido por resultado el reducir en un pequeño tanto por ciento el presupuesto y esto á un costo mucho mayor para, la eficiencia do la administración. Además, según el Acta Foraker el Consejo tiene el única poder para fijar los salarios (See. 36 Foraker Act.) Además, la buena fe y honradez de intención de la Cámara en cuestión de economías puede juzgarse del hecho de que la Cámara, en esa misma sesión, pasó y envió al Consejo Ejecutivo, para su aprobación, proyectos para la construcción de puertos y carreteras sobre un millón de dollars.

En la página 1 la Comisión de la Cámara admite que la Corte Federal es repugnante al Pueblo de Puerto Rico.

De los proyectos mencionados en la página 2, como deseados por la Cámara, nosotros hemos comentado lo suficiente sobre los de gobierno municipal, cambios en la judicatura y tasación de la propiedad. En cuanto á la ley proveyendo para la creación de los condados, nosotros sabemos que es un hecho que esa ley es desagradable y no la desean los mismos puertorriqueños. En cuanto á las escuelas de Artes y Oficios, el Consejo pasó un sustituto que hubiera dado los mismos resultados en todo cuanto se pudiera sin violar la Ley Orgánica, que pone bajo el Comisionado de Educación todo el trabajo de instrucción. La Cámara deseaba quitarle ese poder y poner esas escuelas en manos de un oficial puertorriqueño. El proyecto del Banco de Agricultura es un imposible, puesto que exige un gasto de dos millones de dollars, que no pueden hallarse, además de ser muy objetable en principios. El de Educación que se menciona en la página 3 se enmendó de manera conveniente y fué aprobado en ambas Cámaras.

No es un hecho cierto que, con sorpresa de la Cámara, el Consejo anunció que estaba pronto á levantar sus sesiones, como se indica en la página 4. Lo cierto es que el Consejo había terminado sus trabajos y que no tenía nada para su consideración. Pasaban las horas y todo el mundo sabía que se había llegado al conflicto. La Cámara, por medio de su Presidente, envió un mensaje verbal al Consejo de que estaba próxima á levantar su sesión. El Presidente del Consejo nombró un comité que fuera á la Cámara y le informara que el Consejo no tenía más asuntos de que tratar; que sus calendarios no tenían nada, y que á menos que la Cámara tuviera otros asuntos de que tratar el Consejo estaba listo para levantar la sesión. Entonces la Cámara informó al Consejo que estaba también pronta para terminar la sesión, y de esta manera se terminó la Legislatura.

Para terminar nos permitimos recomendar las enmiendas necesarias para que el Gobierno pueda continuar en Puerto Rico, confiriéndole poderes en forma y manera que puedan ser ejercidos de un modo juicioso y que eviten el abuso y la protistución para fines personales.

Respetuosamente sometido,
Honorable Sr. Secretario del Interior.

En vista de lo expuesto creemos prudente añadir qué debe hacerse, en nuestra opinión. A pesar de lo mucho que lo sentimos, es indudable que el Congreso tendrá que tomar una medida en esta situación. Lo importante consiste en adoptar un medio definitivo para atender al Gobierno de Puerto Rico, no solamente durante el próximo año fiscal, sino contra toda contingencia futura similar á la ocurrida recientemente.

Las secciones 36 y 37 del Acta Orgánica de 12 de Abril de 1900, son las únicas de la ley que se refieren al modo de proveer á las necesidades del Gobierno. Estas secciones son como sigue:

Sección 36. — Que los sueldos de todos los funcionarios de Puerto Rico que no sean nombrados por el Presidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayudantes, serán asignados y pagados de las rentas de la Isla en la forma y cuantía que de tiempo en tiempo determinare el Consejo Ejecutivo. Disponiéndose, sin embargo: Que no se aumentará ni disminuirá el sueldo de ningún funcionario mientras dure el término de sus cargos oficiales. Los sueldos de todos los empleados y todos los gastos de las oficinas de los funcionarios de Puerto Rico, nombrados según se dispone en esta, por el Presidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayudantes, también serán pagados de las rentas de Puerto Rico, contra libramientos del Contador, refrendados por el Gobernador.

Los sueldos anuales de los funcionarios nombrados por el Presidente, y que han de pagarse en esa forma serán como sigue:

• El Gobernador 8,000 dollars, y además, tendrá derecho á ocupar los edificios usados hasta ahora por el Jefe ejecutivo de Puerto Rico, con los muebles y otros efectos que contengan, libres de rentas.
• El Secretario, 4,000 dollars.
• El Fiscal General, 4,000 dollars.
• El Tesorero, 5,000 dollars.
• El Contador, 4,000 dollars.
• El Comisionado del Interior, 4,000 dollars.
• El Comisionado del instrucción, 4,000 dollars.
• El Presidente del Tribunal Supremo, 5,000 dollars.
• Los Jueces asociados del Tribunal Supremo, 4,000 dollars cada uno.
• El Marshal del Tribunal Supremo, 3,000 dollars.
• El Juez de Distrito de los Estados Unidos, 5,000 dollars.
• El Fiscal de Distrito de los Estados Unidos, 4,000 dollars.
• El Marshal de Distrito de los Estados Unidos, 3,500 dollars.

Sección 37—Que las disposiciones de la sección anterior, no serán aplicables á los funcionarios municipales. Los sueldos de estos y los honorarios de sus delegados, auxiliares y demás ayudantes, así como todo otro gasto en que incurran los Municipios, se pagarán de las rentas del Municipio, en la forma que disponga la Asamblea Legislativa.

Aparece claro de la lectura de estas dos Secciones, que fué la intención del Congreso conferir al Consejo Ejecutivo la facultad de fijar los salarios y disponer del dinero necesario para la subsistencia del Gobierno. El hecho de estimar necesario, por medio de la Sección 37, el hacer una excepción de los gobiernos municipales, dejándolos en estos casos á la Asamblea Legislativa, da absoluta certeza á nuestra afirmación. Si se pide más prueba para corroborar nuestro aserto la encontramos en que un año después en Mayo 2 de 1901, cuando el Congreso creyó conveniente proveer de un modo más definitivo á las necesidades de la Corte Federal, legisló en la siguiente forma:

El Consejo Ejecutivo, de tiempo en tiempo, fijará los sueldos de todos los funcionarios y auxiliares nombrados por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, incluyendo el del Secretario y el del Intérprete, los cuales serán pagados de las rentas de Puerto Rico, como se pagan otros sueldos y gastos do carácter semejante con sujeción á le que dicha ley dispone.

Por un olvido, sin embargo, el Congreso no proveyó sobre la forma de fijar los gastos que requieren los servicios públicos, lo que da á la ley, en su forma actual, un carácter de ambigüedad, á pesar de la obvia intención del Congreso de que esos gastos fueran fijados por el Consejo Ejecutivo.

Nosotros creemos, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante estos últimos diez años, á la que nos hemos refearido en estas lineas, que se hace una necesidad imperativa par el Congreso suprimir esa ambigüedad, y que prevalezca su primitivo intento. Esto puede hacerse enmendando el Acta Orgánica de Mayo 12, 1900, en la siguiente forma:

Sección 36. — Que los sueldos de todos los funcionarios de Puerto Rico que no sean nombrados por el Presidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayudantes, do cualquier modo que sean nombrados, y los gastos de todas las oficinas de los varios empleados de Puerto Rico, serán asignados y pagados de las rentas de la Isla en la forma y cuantía que de tiempo en tiempo determinare el Consejo Ejecutivo. Disponiéndose sin embargo: Que no se aumentará ni disminuirá el sueldo de ningún funcionario mientras dure el término de sus cargos oficiales. Los sueldos de todos los empleados y todos los gastos de las oficinas de los funcionarios de Puerto Rico, nombrados según se dispone en ésta, por el Presidente, incluyendo delegados, auxiliares y demás ayudantes, también serán pagados de las rentas de Puerto Rico, contra libramientos del Contador, refrendados por el Gobernador.

Los sueldos anuales de los funcionarios nombrados por el Presidente, y que han de pagarse en esa forma serán como sigue;

• El Gobernador 8,000 dollars, y además, tendrá derecho á ocupar los edificios usados hasta ahora por el Jefe ejecutivo de Puerto Rico, con los muebles y otros efectos que contenga, libre de rentas.
• El Secretario, 4,000 dollars.
• El Fiscal General, 4,000 dollars.
• El Tesorero, 5,000 dollars.
• El Contador, 4,000 dollars.
• El Comisionado del Interior, 4,000 dollars.
• El Comisionado de Instrucción, 4,000 dollars.
• El Presidente del Tribunal Supremo, 5,000 dollars.
• Los Jueces asociados del Tribunal Supremo, 4,500 dollars cada uno.
• El Marshal del Tribual Supremo, 3,000 dollars.
• El Juez de Distrito de los Estados Unidos, 5,000 dollars.
• El Fiscal de Distrito de los Estados Unidos, 4,000 dollars.
• El Marshal de Distrito de los Estados Unidos. 3,500 dollars.
• Otra solución se ha indicado: la medida que en situaciones análogas prevalece en el Hawai y Filipinas, á saber; extender el presupuesto de un año á otro, caso de que la legislatura no atendiera á las leyes de apropiaciones. Nuestra razón para preferir la primera solución es que se aleja menos de la actual ley que la última. Sin embargo, si por cualquier razón se estimara mejor esta solución, nos permitimos indicar que se enmiende el Acta Orgánica con una nueva sección que diga:
• Sección . . — Las expensas públicas, excepto en los casos que esta ley disponga de otro modo, se harán por medios de apropiaciones anuales por la Asamblea Legislativa. Disponiéndose, que si al comenzar un año económico la Asamblea Legislativa no hubiera provisto dinero para sostener cualquier ramo del servicio público, se estimará que una suma igual á la señalada en el anterior presupuesto para atender á ese servicio ha sido apropiada; y en el entretanto la Asamblea Legislativa provea á esa necesidad, el Tesorero puede, por libramientos del Auditor aprobados por el Gobernador, hacer los pagos necesarios á esos fines.

Tan pronto como llegó á Puerto Rico el informe de los Comisionados del Consejo, el Presidente de la Cámara señor de Diego, envió á Washington el siguiente telegrama:

Presidente Taft:

Washington.

En el nombre de la Cámara de Delegados, respetuosa aunque enérgicamente protesto de las manifestaciones ofensivas dirijidas á la Cámara por los señores Willoughby y Hoyt en su informe al Secretario Ballinger, fechado en Marzo 29. La Cámara de Delegados orgullosamente representa toda la dignidad y nobleza del Pueblo de Puerto Rico.

José de Diego,
Speaker.

El martes recibieron los comisionados las primeras noticias de Puerto Rico. Ocupábanse de revisar los periódicos y atender á la correspondencia, cuando avisó el Sr. Larrínaga que el Presidente Taft les citaba para las tres de aquella misma tarde en sus oficinas de Casa Blanca. Llegó este aviso á las dos. Quedaba una hora escasa, tiempo precisó para mudarse de ropas. Consideraban los comisionados la entrevista con el Presidente de la República como el paso más grave en su importante y dificilísima gestión. No se les ocultaba tampoco la escacéz del tiempo disponible por el primer magistrado de la Nación en aquellos días de extraordinarios debates sobre las tarifas aduaneras, pero recordando el interés que mostró Mr. Ballinger en ambas conferencias, creyeron, por un momento, en la posibilidad de que las dificultades de Puerto Rico llamaran la atención del Poder Ejecutivo. El Secretario del Interior al terminarse el día antes la entrevista con los señores del Consejo Ejecutivo habíase referido á “una solución” que daría el Presidente á nuestro pleito.

A las tres de la tarde llegaron los comisionados en compañía de Don Tulio Larrínaga á la Casa Blanca. Muñoz iba enfermo. Les introdujeron al cuarto de sesiones del Gabinete: allí estaba Mr. Ballinger. A los pocos momentos de espera abrióse una puerta, descorriose un portier y entró William H. Taft, Presidente de la Republica, en el cuarto de su Gabinete. Saludó risueño y cortés; y comenzó á hablar de lo ocurrido en Puerto Rico con el mayor desconocimiento de los hechos. Los comisionados escuchábanle sorprendidos. El rompimiento del 16 de Marzo de los cuerpos colegisladores que forman la Asamblea Legislativa de Puerto Rico había sido relatado, con más ó menos apasionamiento, pero con bastante precisión en todos los periódicos de los Estados Unidos. Además, ambas comisiones, la de la Cámara de Delegados y la del Consejo Ejecutivo habían oficialmente dado cuenta á la Administración de lo ocurrido, y el asunto se había tratado con el Presidente. ¿Cómo era posible explicar la ignorancia absoluta en que se encontraba el Presidente Taft, precisamente en el momento en que nos citaba para solucionar el conflicto?

¡ Los comisionados se sintieron tristemente impresionados!

Llegó un momento en que las manifestaciones del Presidente decidieron á Mr. Ballinger á interrumpirle, diciéndole que las cosas no habían ocurrido así, precisamente, pero que él rectificaría al Presidente. Volvióse Mr. Talf á los comisionados y preguntó:

¿ Entonces, tened á bien decirme lo pasado ?

Contestó el Sr. Coll Cuchí, y por milésima vez repitió la historia. Con mucha brevedad, sin rodeos y sin comentarios. Añadió algunos detalles el Sr. Larrínaga. Replicó el Presidente y con tono autoritario, exclamó:

Bien, yo he arreglado esto. Marchad á Puerto Rico, y aprobad el presupuesto. Yo enviaré dentro de dos ó tres meses una comisión de notables para que me informen sobre estos particulares.

Y pareció dispuesto á marcharse dando por terminada la entrevista; pero al notar la falta de entusiasmo con que su proposición fué acogida, preguntó á los comisionados si estaban con ella satisfechos.

Contestó de nuevo el Sr. Coll Cuchí manifestando que la Cámara de Delegados no aprobaría el presupuesto sin que se le hiciera, previamente, amplia justicia.

Interrumpió Mr. Taft haciendo un movimiento de impaciencia:

Bien, aquí tenemos nosotros Cámaras propias — dijo, aludiendo á la discusión sobre las tarifas — y tengo que marcharme. . . .

Y se marchó.

¡ El Presidente la la República no sabía, ni podía saber, lo que pasaba en Puerto Rico ! Los Comisionados resolvieron desde aquel momento hacer todo lo posible por llevar la cuestión al Congreso. Allí, por lo menos, se nos escucharía. La Isla podría defenderse, y los sucesos se desarrollarían ante el pueblo americano con toda franqueza y la mayor publicidad, y no se perderían en los oscuros rincones de un Gabinete. . . .

Una vez marchado Mr. Taft el Secretario Ballinger pidió á los Comisionados un memorandum explanando los deseos de la Cámara. Se prometió hacerlo, y terminó la entrevista.

En la noche del martes y durante el día del miércoles prepararon los comisionados la siguiente carta para el Secretario del Interior, la cual fué debidamente entregada por un mensajero, previo el correspondiente recibo:

Honorable Secretario del Interior,

Señor;

Al terminar el meeting celebrado bajo la presidencia de usted, por los señores Willoughby, Hoty y Ward, representantes del Consejo, y por los señores Muñoz Rivera y Coll Cuchí, representantes de la Cámara, se nos entregó el informe en que ellos contestaban á nuestro informe anterior, Y, al leerlo detenidamente, hemos visto, con profunda sorpresa, que los caballeros del Ejecutivo, no ya discuten — porque esto es natural y lógico — los actos de la Cámara, si que también se permiten ofender á la Cámara, faltando así á todas las leyes de la cortesía y provocando una represalia que ni siquiera intentaremos nosotros, pues nos sentimos á la altura moral indispensable para no descender al terreno de las injurias inútiles y gratuitas.

No podemos, sin embargo, prescindir de la legítima protesta, que consignamos ante usted, señor Secretario, y, por conducto de usted, ante su Excelencia el señor Presidente de los Estados Unidos. La Cámara de Puerto Rico, muy alta en su buena fe y en su probidad, no podría ser juzgada por el Consejo, al cual se ha visto en el Caso de poner dique siempre que quiso — y quiso muchas veces — restringir el Acta Foraker y abrogarse una autoridad que no le corresponde y que, aún correspondiéndole, estaría en pugna con los sentimientos y los ideales del Pueblo de Puerto Rico, ý con la historia y caracter del Pueblo de los Estados Unidos.

Más adelante, en el curso de esta carta oficial, llegaremos á ese punto y á otros que señalaremos á la atención de usted. Pasamos enseguida al exámen del informe, no en todas sus afirmaciones, sino en algunas que, por ser inexactas, no deben quedar en pie ni un solo instante.

Dice el informe del Ejecutivo:

“El 11 de Marzo, á las 10 y media p. m., el tercer Comité de conferencias estaba considerando el proyecto de ley, cuando los leaders del partido de la Cámara de Delegados, cuerpo unánimente unionista, manifestaron en una conferencia especial con el Secretario Willoughby y el Attorney General Hoyt, que ellos no podían dominar la Cámara, y que la Cámara no aprobaría el informe del Comité, de conferencias, sino que los Delegados sé marcharían á sus casas á las doce de la noche; que si nosotros pudiéramos persuadir al Gobernador para que llamase á una sesión especial para las diez de la mañana del 12 de Marzo, ellos podían asegurar al Gobierno que podrían pasar y pasarían, el presupuesto, y que también tratarían de llegar á un acuerdo con el Consejo sobre otros proyectos de importancia.”

No es cierto. Los leaders de la Cámara, en sus conferencias con los del Consejo antes, y·con el Gobernador después, afirmaron que el malestar de la Cámara era muy hondo y que, únicamente, á su juicio, existían dos soluciones: ó pasar el presupuesto con las enmiendas de la Cámara, ó sacrificar la Cámara sus enmiendas y llegar á una transacción, en que el Consejo también sacrificara en parte su criterio sobre las leyes que habían de incluirse para que pudiesen ser discutidas, en el mensaje del Gobernador. El mensaje se publicó; la Cámara cumplió la promesa de sus leaders y el Consejo mantuvo su actitud intransigente, á causa de la cual se llegó, por último, al conflicto que lamentamos nosotros y que no nos fué dable impedir, pese á nuestros esfuerzos y á nuestro espíritu de tolerancia.

“El Comité de conferencias sobre el presupuesto llegó á un acuerdo y estaba preparando su informe, cuando la Cámara hizo saber que exigía como condición para pasar cualquier proyecto de apropiaciones, que el Consejo aprobara ciertas leyes de la Cámara que contenían medidas extremas, tendentes á arrancar de las manos del Gobernador los poderes de nombrar en las vacantes de Alcaldes, Concejales y Jueces de las Cortes interiores, sustituyendo así al Gobernador los dictados do la Junta Central del partido político que ganó las últimas elecciones, y para darle más fuerza á esta pretensión, pidió al Comité de conferencias el presupuesto, á pesar de que, como hemos dicho, ya se había llegado á un acuerdo. Para acceder á estas pretensiones, el Consejo hubiera tenido que deshacer la obra de los últimos diez años para, crear una judicatura independiente, y hubiese entregado á los politicians todo el sistema judicial inferior, como un arma de partido para perpetuar en el poder una oligarquía política.”

Consta en las actas de la Cámara, y es un hecho de absoluta evidencia, que la Cámara discutió y votó el presupuesto, enviándolo con sus enmiendas al Consejo Ejecutivo, sin establecer relación alguna entre esta ley y las demás leyes olvidadas ó pospuestas por el Consejo Ejecutivo. Y es más evidente aún, que la Cámara no pretendió establecer una oligarquía en favor de la Junta Central. Precisamente es todo lo contrario. A la Junta Central, según las prácticas que se seguían de un modo constante, corresponde en la actualidad el derecho de proponer candidaturas al Gobernador para las vacantes de Concejales, Alcaldes y Jueces. Y como la Cámara se proponía legislar concediendo á los Municipios el derecho de cubrir esas vacantes, resulta claro que tal legislación, en vez de favorecer á la Junta Central, la perjudicaría en su influjo político, restándole medios de intervención en la política. Los señores Willoughby, Hoyt y Ward, no vacilan en acudir á un argumento falso, y demuestran así que carecen de argumentos firmes para, sostener la posición que ocupan.

“No es un hecho cierto que, con sorpresa de la Cámara, el Consejo anunciara que estaba pronto á levantar sus sesiones, como se indica en la página 4. Lo cierto es que el Consejo había terminado sus trabajos, y que no le restaba nada por considerar. Pasaban las horas, y todo el mundo sabía que se había llegado al conflicto. La Cámara, por medio de su Presidente, envió un mensaje verbal al Consejo, participándole que estaba lista para terminar su sesión. El Presidente del Consejo nombró una Comisión que fuera á la Cámara y le informara de que el Consejo no tenía más asuntos de que tratar; que sus calendarios no tenían nada, y que á menos que la Cámara tuviera otros asuntos que considerar, el Consejo estaba dispuesto para levantar la sesión. Entonces la Cámara informó al Consejo que se hallaba pronta también á terminar, y de esta manera se terminó la legislatura.”

Los señores del Consejo atribuyen al Speaker de la Cámara un acto que él no realizó. El señor Dexter, Comisionado de Educación y miembro del Consejo, que se halla en Puerto Rico, se refirió á ese acto en los periódicos de la Isla. Y el Speaker le rectificó sin pérdida de tiempo, declarando que no es cierto el mensaje verbal á que se alude, y que la Cámara estuvo legislando hasta el fin de las sesiones y aguardando conocer la situación en que resolviera colocarse el Consejo. En prueba de lo que decimos, hay carta del mismo Speaker, dirigida al señor Muñoz Rivera, y recibida ayer martes, por el correo marítimo. Con dicha carta del Speaker, viene un artículo, firmado por él, que trata el asunto con perfecta claridad. Unimos ambos documentos, con su traducción inglesa, á esta carta. Y queda demostrado otro error inexplicable del Consejo Ejecutivo.

“Las economías propuestas por la Cámara, y que se mencionan en la página 1 del alegato, hubieran tenido por resultado el reducir en un pequeño tanto por ciento el presupuesto, y ésto á un costo mucho mayor para la eficiencia de la Administración. Además, según el Acta Foraker, el Consejo tiene poder exclusivo para fijar los salarios. (Sect. 36 Foraker Act.) La buena fe y honradez de intención de la Cámara en cuestión de economías, puede juzgarse del hecho de que la Cámara, en esa misma sesión, pasó y envió al Consejo Ejecutivo, para su aprobación, proyectos para la construcción de puentes y caminos por más de un millón de dollars.”

En primer término, nosotros, en la más rotunda forma, afirmamos que es costumbre en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que la Cámara apruebe todos los proyectos de carreteras y puentes que los Delegados presenten para sus Distritos. Esos proyectos van después al Ejecutivo, y éste, de acuerdo con la Cámara, realiza un trabajo de selección, escogiendo los puentes y las carreteras que los recursos de la Isla permiten construir. Así sucede de año en año, y el Ejecutivo no lo ignora. En el presente año sucedió lo propio que en los anteriores. La Cámara votó muchas carreteras, el Consejo seleccionó unas pocas, enviando un bill en que se consignaban $150,000 á ese objeto. La, Cámara elevó á doscientos mil la asignación, y el Consejo aprobó la enmienda. Tal es la marcha de la ley supradicha.

Los señores Willoughby, Hoyt y Ward, al estampar en su informe las palabras que se refieren á la “falta de buena fe y de probidad” que suponen en la Cámara, injurian á este cuerpo y en este cuerpo al pueblo que le otorgó sus sufragios y le invistió con sus poderes.

Honorable señor Secretario: La Comisión de la Cámara vino á Washington á buscar caminos de transacción y de harmonía. La Comisión del Consejo parece haber venido á crear nuevas dificultades, arrojando más combustible á la hoguera de las pasiones. Nosotros lamentamos este suceso como una gran desgracia, y declaramos que después de las palabras escritas y suscritas por los señores Willoughby, Hoyt y Ward, en un documento de tanta trascendencia, esos hombres son incompatibles con la Cámara de Delegados, y que, no por nuestras culpas, sino por culpas de su temeraria actitud, nuevos y graves conflictos se producirán en el porvenir. Conflictos que nadie puede evitar en Puerto Rico, y que sólo evitarán la prudencia, la sabiduría y la elevadísima autoridad del Gobierno de la República, al que acudimos con plena confianza.

Respetuosamente,

(Firmado)
LUIS MUÑOZ RIVERA.
CAY. COLL CUCHI.
EUGENIO BENITEZ CASTAÑO.

La carta del señor de Diego á que se refiere el anterior documento, es como sigue:

Señor Director del Boletin Mercantil:

Mi estimado amigo: Acabo de leer en la información que publica ese digno periódico, sobre “La crisis del Parlamento,” las siguientes palabras atribuidas al señor Comisionado de Instrucción.

“Ve Vd., cinco minutos antes de darse por terminada la legislatura, celebré una entrevista con el señor de Diego, sobre el bill de los “jardines de recreo para la infancia,” que interesaban más de cuarenta Ayuntamientos, y le recomendé que la Cámara aprobase el proyecto. Contestación del Speaker. “La Cámara no aprobará ningún proyecto de ley.” Yo no digo es para hacer un cargo al señor de Diego, sino sencillamente para demostrar que había una gran hostilidad contra los proyectos del Consejo Ejecutivo.”

Si esto lo ha dicho así el señor Dexter, incurre en una equivocación lamentable, que debe rectificar.

En verdad que minutos antes de terminar la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, el señor Dexter se acercó á la mesa presidencial de la Cámara, rogándome que viera si podía aprobarse, no la “Ley sobre jardines de recreo para la infancia,” sino el “Bill sobre mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico.”

Contesté al señor Comisionado que exploraría la voluntad de los señores Delegados y le contestaría inmediatamente. Lo hice así: algunos Delegados me manifestaron que no estaban conformes con dicho Proyecto, otros que era tarde ya para estudiarlo: y con el señor Bennet, Secretario del Consejo Ejecutivo, comuniqué al señor Dexter que era muy difícil la aprobación del Bill mencionado.

Esto es lo ocurrido y lo que debo restablecer, en honor de la verdad y en honor de la Cámara, y sin desdoro alguno para el señor Comisionado.

En honor de la Cámara, digo, porque la Cámara no se negó á legislar, sino que estuvo legislando hasta última hora: momentos antes de concluir la “Sesión Extraordinaria,” todavía trabajaban los representantes de la Cámara en el Comité de Conferencias sobre el “Bill de Presupuesto”, y todavía estaba yo firmando leyes.

La Cámara se negó á la aprobación de varios Proyectos, que no consideraba buenos, pero nunca se negó en términos categóricos, á la aprobación de ningún Proyecto.

Agradeceré á usted, señor Director, la publicación de esta carta, y quedo suyo affmo. servidor y amigo,

Jose de Diego.

El memorandum para el Presidente, donde los Comisionados, honrada y lealmente, escribieron los deseos de la Cámara de Puerto Rico, tal y como le fué pedido por Mr. Ballinger y que luego pretendió utilizarse para probar el aserto de que se pretendía negociar con las leyes, es como sigue:

MEMORANDUM.

Si la Asamblea Legislativa de Puerto Rico fuera convocada á una sesión extraordinaria con el fin de aprobar exclusivamente la ley de presupuestos, teniendo en consideración el estado de cosas en la Isla y el profundo descontento producido por la intransigente actitud del Consejo Ejecutivo, y tomando también en consideración la absoluta resistencia de la Cámara á permitir ningún acto que pueda traducirse contra la libertad, ó contra la dignidad de la patria, es la opinión de estos comisionados que no se llegará á un acuerdo, á menos que el Consejo esté dispuesto á aceptar las enmiendas de la Cámara.

Sin embargo, si en la proclama convocando á sesión extraordinaria se mencionaran las reformas judiciales y municipales, y si el Consejo Ejecutivo aceptase la supresión de los jueces de paz y admitiese la creación de un juzgado municipal para cada municipalidad, y que las vacantes que ocurran en las alcaldías y juzgados se provean en la forma que indican los llamados, proyectos municipales que pasó la Cámara en su última sesión; en ese caso los comisionados creen que el presupuesto será aprobado por la Cámara en la forma que lo aprobó el Consejo.

Las leyes en vigor en la actualidad contienen el precepto de la elección de oficiales municipales por el pueblo. Y la Cámara no desea un cambio radical de sistema, sino simplemente, una ampliación del mismo. La Cámara de Delegados, está deseosa de poner fin al conflicto, y ofrece este campo de transacción, creyendo posible un entendimiento si el Poder Ejecutivo Federal diera instrucciones á los miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, á quienes nombra, para llevar á efecto estas medidas.

El jueves la Comisión vió á muchas personas y aprovechó su tiempo acopiando materiales para el alegato que iba á presentar al Congreso, solicitando una reforma de la ley Foraker en el sentido del programa de la Unión de Puerto Rico.

El viernes prosiguió ese trabajo. A las dos de la tarde los Comisionados celebraron una entrevista con el Presidente del Comité de Asuntos Insulares de la Cámara Baja, Mr. Cooper, á fin de informarle de los sucesos de Puerto Rico, pidiéndole se escuche á los puertorriqueños en la eventualidad de que el Congreso interviniera en los conflictos de la Isla, atrayéndolos á la esfera legislativa.

Mr. Cooper recibió á los Comisionados en sus oficinas de la presidencia del Comité de Asuntos Insulares. Desde hace mucho tiempo viene significándose el representante de Wisconsin como un buen amigo de Puerto Rico; y su actitud frente al Speaker Cannon en la sesión extraordinaria le hará perder su puesto en aquel Comité, sonando para reemplazarle el nombre de Mr. Olmstead. Expusieron los Comisionados á Mr. Cooper todos los hechos, siendo interrogados por él con manifiesto, interés. Prometió toda su ayuda si el pleito iba al Congreso, y ofreció á los Comisionados de la Cámara que en semejante ocurrencia se le daría amplia oportunidad de ser oido.

Continuaban los comisionados sus trabajos de publicidad, viendo reporters, visitando oficinas de periódicos, comunicando con los corresponsales. Les ayudaba en esta tarea en la prensa neoyorkina el Sr. Collazo, quien no desperdiciaba oportunidad para escribir un suelto ó publicar una carta en defensa de Puerto Rico.

Aquella semana escribieron los comisionados la siguiente carta á la Junta Central:

Señor Presidente de la Junta Central.

San Juan, Puerto Rico.

Amigo nuestro y correligionario:

La Comisión reanuda su informe acerca de los trabajos que realiza en la capital de la República.

El sábado 27, después de despachar el correo para Puerto Rico, nos dedicamos á redactar en castellano y traducir al inglés, un alegato que había de presentarse al Secretario del Interior el lúnes 29, en el meeting á que con nosotros asistieron los señores Willoughby y Hoyt, á los cuales se unió el señor Ward, llamado por ellos expresamente de su residencia temporal en New York.

Dicho alegato fué impreso en una tirada de 600 ejemplares. En paquete aparte remitimos á usted algunos, á fin de que los haga distribuir, si lo juzga opurtuno, á los Presidentes de Comités de la isla. A los miembros de la Junta Central y de la Cámara, lo enviamos por este vapor directamente. Y el resto de la edición se repartirá, dentro de la semana próxima, á los senadores y representantes sobre sus pupitres del Congreso. Los periódicos de Washington dieron á conocer un extracto amplísimo de ese alegato.

El domingo, á primera hora, leimos en la prensa de la mañana un cable en que Santiago Iglesias, en nombre de la American Federation of Labor, acusa á la Cámara de antiamericanismo y pide la subsistencia del Acta Foraker. Nosotros extendimos la respuesta, que Coll Cuchí llevó personalmente á los diarios de la mañana, que apareció el lúnes, y que ustedes leerán en la copia que se acompaña. El mismo domingo recibimos la visita de los señores Alfredo Zayas, Vicepresidente de Cuba, y Gonzalo de Quesada, ex-ministro plenipotenciario de aquel país en Washington. Se trataron cuestiones de política con ambos, se aseguró el valioso concurso del último, y con el primero se ocupó el señor Muñoz del problema de azúcar.

También estuvieron á visitarnos diversos, jóvenes de las colonias cubana, mexicana y puertorriqueña.

El Iúnes, luego de preparar la Comisión datos y documentos para la entrevista en la Secretaría del Interior, almorzó el señor Muñoz Rivera con el señor Zayas y otros compatriotas suyos en la casa particular del señor Quesada. Y desdé allí, á las tres de la tarde, volvió al Hotel New Willard á fin de recoger á sus compañeros para trasladarse todos á la conferencia oficial supradicha.

La conferencia fué importante. Y, si nos queda tiempo, se enviará á usted una reseña minuciosa. Como pudiera suceder que el tiempo falte, damos la síntesis, que es esta:

Presentes nosotros y los señores del Consejo, el Secretario del Interior, abrió el acto declarando que era preciso descartar del problema las leyes de la Cámara y del Consejo, limitando el debate al presupuesto. La Comisión, á pesar de esas insinuaciones, reprodujo con habilidad y firmeza sus cargos, y entró enseguida á poner en claro los motivos de que el presupuesto no se aprobara. La Cámara lo aprobó con enmiendas; el Consejo no tuvo á bien admitirlas y levantó sus trabajos.

Los Consejeros intentaron, al redarguir, demostrar á la Comisión y á Mr. Bullinger, que la Cámara quería comerciar con las leyes, confundiéndolas con el presupuesto y trocando el presupuesto en un arma política. Ese fué un baluarte, que la Comisión atacó y destruyó sin gran esfuerzo. Insistían, sin embargo, los tres señores y llegaron á afirmar de un modo absoluto que la Cámara tomó la iniciativa para clausurar la sesión. Se apoyaban en que el señor de Diego — según ellos — en un mensaje verbal les advirtió que la Cámara había concluído su tarea, y que él, el Speaker, agradecería al Consejo que tomara la iniciativa final, nombrando una Comisión que notificase su propósito de no seguir adelante.

Nosotros negamos, sin vacilar, el hecho é hicimos valer las diversas circunstancias que le quitan verosimilitud.

En lo demás de la entrevista, se vió siempre al Secretario Ballinger caer del lado de los Consejeros, sin descubrirse por completo, aunque sí lo bastante para revelarnos su parcialidad. Ya cerca de terminar, después de dos horas de lucha, nos advirtió que expresaría al Presidente su opinión de que el asunto debe ir al Congreso en un Mensaje en que se proponga la vigencia del presupuesto actual en el año próximo de 1909–1910.

La Comisión de la Cámara respondió que la sorprendía ese propósito; que seria un acto de fuerza; que Puerto Rico, débil, no podría resistir; que Puerto Rico, digno, protestaría, y que mayores dificultades eran de preverse en el porvenir, á causa de las injusticias que contra Puerto Rico se cometen.

Entonces el Secretario rectificó hasta cierto, punto, y dijo que trasladaría el resultado de la conferencia al Presidente, aconsejándole que llamase á los comisionados de Puerto Rico, y con ellos buscase una solución á las dificultades presentes.

Así terminó ese juicio de Dios.

La Junta Central formará por sí el coneepto que su perspicacia le inspire. Nosotros formamos el de que el Gobierno Central nos abandona, teniendo que combatir Puerto Rico sin grandes esperanzas, ya que Gobierno y Congreso son una misma cosa en la política de estos momentos.

El martes llegó el correo de Puerto Rico, y nos consagrarnos á leerlo hasta las dos de la tarde, en que el señor Larrínaga nos avisó por teléfono que el Presidente Taft nos aguardaba á las tres. Allí fuimos con el señor Larrínaga.

Mr. Taft entró estando nosotros en el despacho del Gabinete y con nosotros el Secretario del Interior. Saludó cortesmente y tomó la palabra. Habló sobre Puerto Rico y sobre la crisis ; pero con un desconocimiento lamentable de la realidad. Tuvo que rectificarle Mr. Ballinger. Y Coll Cuchí, en nombre de la Cámara, explanó nuestro caso en palabras breves y meditadísimas. El Presidente escuchó atento, y respondió que nombrará antes de tres meses una Comisión de notables que se traslade á Puerto Rico, estudie el régimen, y proponga al Congreso las reformas que estime necesarias, en la sesión de Diciembre. En cuanto al Presupuesto, afirmó que la isla no puede administrarse sin él, y que el Consejo y la Cámara deben ir á un acuerdo inmediato. Respondimos que ese es el deseo de la Cámara, dispuesta siempre á transigir honrosamente. Y se despidió Mr. Taft, quedando nosotros con Mr. Ballinger.

Este quiso saber nuestras impresiones. Le dijimos que las cosas seguían en la propia situación y que no esperábamos ningún arreglo Mr. Ballinger nos indicó que le enviásemos lo más pronto posible, un memorandum en que consten los deseos de la Cámara. Se lo prometimos.

A la Junta hemos de añadir ahora que nuestra impresión positiva es la de que un acuerdo resulta muy difícil, á menos que el Consejo desista de su actitud autoritaria. La Comisión no se someterá á ningún acto depresivo y preferirá, de parte del Gobierno, un acto despótico.

El miércoles nos dedicamos á redactar el memorandum, que se dirigió enseguida á Mr. Ballinger, Exigimos el nombramiento de Jueces, Alcaldes y Concejales por el pueblo. En esas condiciones aprobaríamos el presupuesto. Tal es la síntesis de ese documento, cuya copia va adjunta.

Por la tarde leimos el report que los señores Willoughby, Hoyt y Ward presentaron al Secretario del Interior. Es una burda trama de falsedades y mentiras. Ya teníamos una carta del Speaker de Diego, rectificando la conducta que le atribuyó ahí el Comisionado Dexter. La aprovechamos y escribimos la extensa carta á Mr. Ballinger, que usted recibirá en copia. Conservando una profunda serenidad de espíritu, sin imitar el lenguaje soez de los Consejeros, hemos respondido con energía y sometemos nuestra respuesta al fallo Caballeresco é inteligente de la Junta Central, que puede juzgarnos, y de la, Cámara, á la que en su oportunidad daremos cuenta de nuestra conducta. Hemos querido hermanar la altivez con la prudencia. Ojalá, que las palabras de la Comisión respondan al honor y al interés de Puerto Rico.

En este día y en los anteriores, se informó á la prensa con mucha, diplomacia. El Washington Herald, el Washington Times, el Washington Post y el Evening Star — los cuatros diarios más importantes, acogieron nuestra información y publicaron nuestros artículos, á veces literalmente; otros, cambiando un poco la redacción, para adaptarlos al carácter del periódico respectivo.

Jueves y Viernes. —La Comisión aguarda resoluciones del Presidente. Entre tanto, vé á muchas personas y va acopiando materiales para un alegato que presentará al Congreso, para prepararle á una reforma de la Ley Foraker. Si á última hora ocurre algo importante, lo comunicaremos bajo otra cubierta.

El presidente del Comité de Asuntos Insulares en la Cámara Baja, Mr. Cooper, y el presidente del Comité de Puerto Rico y las islas del Pacífico en el Senado, citan á la Comisión para una entrevista que tendrá lugar esta tarde, viernes, una vez despachado el correo que lleva la presente carta.

Cerrando nuestro informe de hoy, es preciso consignar que estimamos los sucesos con mayor pesimismo que en nuestra Carta precedente, y que consideramos inevitable la acción del Congreso, de una JOINT RESOLUTION, que no nos dará campo para plantear íntegra la cuestión del régimen, sino que se circunscribirá á la cuestión del presupuesto.

Juzgamos patriótico que la Unión se disponga á nuevas campañas. Si estas se mantienen con vigor y sin timidez, los que no quieren escucharnos, nos escucharán. Y no se ganó Zamora en una hora. La Ley Foraker, como las rocas seculares, ha menester mucho barreno y mucha pólvora.

Cordialmente,

(Firmado)
LUIS MUÑOZ RIVERA.
CAY. COLL CUCHÍ.
EUGENIO BENITEZ CASTAÑO.

[1] Más tarde los debates en el Congreso vinieron á demostrar que la Comisión de la Cámara tuvo razón al hacer ante el Secretario Ballinger semejante afirmación. Durante el notable discurso del Representante Martin, de Colorado el Sr. Clark, de Missori, le interrumpió diciendo :

“Lo que no puedo yo comprender, así me vaya en ello el cuello, es por qué se nos pide que castiguemos ú los puertorriqueños por hacer la misma cosa que hacemos nosotros todos los días en el Congreso.”