El conflicto legislativo de 1909 en Puerto Rico

n números anteriores de esta Revista he discutido algunos aspectos interesantes de la historia de Puerto Rico bajo el régimen norteamericano. Considero que el conflicto legislativo de 1909 es acontecimiento de la mayor importancia e interés en nuestra vida de pueblo. En mis artículos anteriores señalo la oposición puertorriqueña al régimen militar impuesto por el Congreso de Estados Unidos a raíz de la invasión y ocupación de la Isla por las tropas norteamericanas. Como resultado de esa oposición el Congreso le confiere a Puerto Rico un gobierno civil a través de la Ley Foraker de 1900. Bien pronto los líderes puertorriqueños enderezaron sus cañones contra esta Ley porque concentraba el poder de gobernar en manos de norteamericanos nombrados por el presidente de los Estados Unidos. El gobernador era nombrado por el presidente y siendo el primer ejecutivo de la Isla poseía grandes poderes. La mayor fuente de irritación fue, sin embargo, el Consejo Ejecutivo. La sección 18 de la Ley Foraker estipulaba que el presidente de los Estados Unidos, con el consejo y consentimiento del Senado de ese país, nombraría un Secretario, un Procurador General, un Tesorero, un Contador, un Comisionado de lo Interior y un Comisionado de Educación. Estos funcionarios ejecutivos conjuntamente con otras cinco personas, nombradas también por el presidente de los Estados Unidos, constituirían el Consejo Ejecutivo, cuerpo al que se le otorgaban poderes legislativos correspondientes a un senado. Aunque en la misma sección 18 se estipulaba que por lo menos 5 de los 11 miembros del Consejo Ejecutivo serían puertorriqueños, al nombrarse nunca fueron más de 5 los puertorriqueños que formaron parte de este cuerpo. Es decir, constituyeron siempre una minoría frente a los poderosos funcionarios ejecutivos.

Si además de lo ya apuntado tenemos en cuenta que tal disposición de ley violaba el principio democrático de la separación de poderes por cuanto daba poderes ejecutivos y legislativos a las mismas personas, entenderemos el porqué la oposición puertorriqueña se torna gradualmente más hostil al régimen norteamericano desembocando en el conflicto legislativo, que no es otra cosa que la culminación de la protesta de Puerto Rico contra una ley orgánica antidemocrática. La sección 27 de la Ley Foraker disponía la creación de la Cámara de Delegados, cuerpo legislativo de carácter representativo compuesto por 35 miembros. La Cámara de Delegados, en su empeño de cumplir adecuadamente con la responsabilidad contraída con los representados, tuvo que hacerle frente a la actitud conservadora del Consejo Ejecutivo, cuya responsabilidad mayor era con el presidente y el Congreso de los Estados Unidos. Era de esperarse el choque entre ambos cuerpos de gobierno. Cinco meses antes de aprobarse la Ley Foraker, don Luis Muñoz Rivera, presidente del Partido Federal, previó los conflictos que iba a crear la anormal estructura de gobierno dispuesta por dicha ley orgánica. Decía Muñoz Rivera:

El descontento de los puertoriqueños aumenta en los primeros cuatro años del régimen norteamericano. Expresión de ese descontento es el triunfo electoral del Partido Unión de Puerto Rico en el 1904. Este Partido fue organizado para sustituir al viejo Partido Federal. Claro es que al frente de la Unión de Puerto Rico estaban los líderes más destacados por su oposición al régimen imperante, entre ellos Luis Muñoz Rivera, Manuel Zeno Gandía, Rosendo Matienzo Cintrón, José de Diego, Santiago R. Palmer y Luis Lloréns Torres. Matienzo Cintrón y Zeno Gandía pueden considerarse los creadores de la Unión de Puerto Rico. La victoria unionista de 1904 le dio a ese partido el control de la Cámara de Delegados. En esa forma se colocaban frente a frente el cuerpo legislativo de elección popular y el de nombramiento presidencial. Los unionistas, críticos severos del gobierno establecido, tenían ahora poder para combatir más efectivamente el monopolio gubernamental y para favorecer a sus representados. En forma gradual y continuada creció la rivalidad entre ambos cuerpos. Los unionistas fueron calificados de antinorteamericanos y de obstruccionistas. Empezó a circular la idea entre los miembros del Consejo Ejecutivo, idea que luego invade el Congreso de los Estados Unidos, de la incapacidad política de los puertorriqueños. Ya en el 1904 el gobernador Hunt se oponía a mayores concesiones de libertad política alegando que sería un error moverse en tal sentido más rápido de lo que la experiencia garantizaba.

El 21 de julio de 1905 una convención no partidista representando a 65 de las 66 municipalidades, demandó por unanimidad el cambio del Consejo Ejecutivo por un senado electivo. Igual demanda hizo el Comisionado Residente en Washington, Tulio Larrinaga, ante el Congreso en 1907. El Comisionado Residente acusó al Consejo Ejecutivo de ser antipuertorriqueño e incapaz de gobernar la Isla. Lo acusó también de ignorar la voluntad del pueblo puertorriqueño. Urgía que los funcionarios administrativos fueran nombrados por el gobernador y el senado. Todas estas demandas y otras cayeron en el vacío. Continuaba imperturbable el desinterés del Congreso respecto de los problemas de Puerto Rico. El desinterés estaba alimentado por la casi absoluta ignorancia de Puerto Rico que caracterizaba a los congresistas norteamericanos.

Mientras tanto, los líderes unionistas más radicales maduraban la idea de hacer algo drástico para llamar la atención del Congreso hacia la situación de la Isla. En las elecciones de 1906 y de 1908 el Partido Unión de Puerto Rico copó los siete distritos organizándose así una Cámara de Delegados totalmente unionista. En esta forma el pueblo de Puerto Rico respaldaba la política agresiva del Partido.

La noche del 12 de enero de 1909, es decir, pocos días antes de comenzar sus trabajos la Legislatura, se reunieron en asamblea los miembros de la Junta Central del Partido Unionista y los miembros de la Cámara de Delegados. En esta reunión Muñoz Rivera expresó que en lo relativo al status político del país existían pocas esperanzas de una solución digna y justa ya que los elementos influyentes en Washington eran adversarios de una reforma liberal para Puerto Rico. Añadió que «de esa anomalía son sin duda, en grande proporción, responsables el Gobernador, los consejeros del Ejecutivo y los altos servidores del Gobierno Federal por su persistencia en afirmar que el pueblo de Puerto Rico no está preparado a las funciones del gobierno propio… Que a la Unión, después de triunfar en los comicios de 1904 y copar en los de 1906 y barrer en los de 1908, se le rehusan los medios de intervenir con eficacia en el Gobierno, se le niega todo ascendiente y se le reduce a una situación de impotencia casi absoluta, de lo que se desprende que el Consejo Ejecutivo quiere gobernar y gobierna solo y esto es deprimente para los ciudadanos los destinos de la Isla .2

Tales palabras ilustran el profundo descontento de los puertorriqueños y que sin embargo se quedan cortas ante lo expresado por el delegado Luis Lloréns Torres:

Lo que proponía el señor LLoréns Torres equivalía al retraimiento legislativo, medio que atraería forzosamente al Congreso a ocuparse de la Isla y a considerar las demandas de reformas de sus habitantes. No obstante, la Asamblea Unionista derrotó esta proposición por considerarla muy radical. El delegado Santini explicó que la Cámara no tenía autoridad para ir al retraimiento legislativo sin el referendum de los electores. En la sesión del 13 de enero la Asamblea aprobó la proposición del delegado Elzaburu que en síntesis expresaba que la Cámara debía votar y sostener leyes de carácter autonómico en beneficio del país y ejercer una crítica severa de la administración en sus distintas dependencias.

Conforme a estos planes, la Cámara empezó a introducir y a aprobar proyectos de ley que establecerían una mayor descentralización del gobierno insular. Uno de estos proyectos dividía la Isla en varios condados siguiendo el sistema norteamericano de administración municipal. Otro disponía que los cargos· de alcaldes, concejales de ayuntamientos y jueces fueran de elección popular en vez de ser de nombramiento gubernamental. Este proyecto estaba animado del espíritu de dar a los puertorriqueños mayor participación en la creación de su gobierno, principio básico de la democracia, y de reducir el vasto poder de la rama ejecutiva. No obstante, cuando el proyecto llegó al Consejo Ejecutivo fue rechazado alegándose que pretendía p0ner el gobierno municipal en manos de un partido político, es decir, del Partido Unionista.

Igualmente fue rechazado el proyecto de ley que dividía la Isla en condados. El sistema español de gobierno municipal convertía los municipios en entidades totalmente dependientes del Gobierno Central, destruyendo toda iniciativa local. Bajo el régimen norteamericano esta subordinación se mantuvo. La Isla se dividió en 66 municipalidades sin ninguna autonomía. Tampoco se hizo ningún intento de separar la zona rural de la urbana. La combinación de distritos rurales y urbanos bajo la misma autoridad privaba a los primeros de beneficio real en los servicios municipales a pesar de que pagaban contribuciones por tales servicios, que solamente beneficiaban a las zonas urbanas. El Consejo Ejecutivo se opuso a la reorganización municipal porque querían mantener la mayor centralización posible, único medio, según sus miembros, de asegurar un alto grado de eficiencia gubernamental. Entre los miembros del Consejo Ejecutivo prevalecía el criterio de que los puertorriqueños no estaban preparados para gobernarse a sí mismos.

La Cámara de Delegados aprobó otros proyectos para beneficiar la agricultura y la educación de Puerto Rico. Un proyecto creaba un banco agrícola para conceder préstamos a los agricultores. La intención del legislador y de la Cámara era ayudar a los pequeños agricultores concediéndoles préstamos a un interés bajo. Los bancos privados, que eran pocos, y las casas comerciales de la Isla prestaban dinero a un interés muy alto que privaba al agricultor pobre de hacer préstamos para cultivar la tierra. Los que se arriesgaban a coger préstamos a un interés que variaba entre 9 y 15 por ciento, en la mayoría de los casos perdían sus fincas que tenían que vender para satisfacer la deuda contraída. Así nació y propagó el absentismo y el monopolio de la tierra. El banco agrícola que eyitaría que el mal aumentara, no se estableció debido a la oposición del Consejo Ejecutivo.

En marzo de 1909, el Partido Unionista celebró otra asamblea. En ella Luis Lloréns Torres volvió a proponer el retraimiento legislativo y aunque en esta ocasión recibió 14 votos a favor, finalmente triunfó la proposición de Muñoz Rivera, que en parte decía:

Y fiel a esta consigna la Cámara de Delegados decidió responder a la hostilidad del Consejo Ejecutivo con la hostilidad. Y para ello se valieron del único poder que les concedía el Acta Foraker. Según lo dispuesto en la Ley Foraker, el proyecto de presupuesto podía originarse en cualquiera de las dos Cámaras. Sin embargo, este privilegio había correspondido siempre al Consejo Ejecutivo quizás porque la mayoría de sus miembros eran a su vez los jefes de los departamentos ejecutivos y conocían mejor las necesidades de éstos.

Cuando en esta sesión de 1909 la Cámara de Delegados recibió el proyecto de presupuesto del Consejo Ejecutivo, decidió introducirle varias enmiendas que reducían la cantidad de dinero aprobada por el Consejo. En parte, la Cámara actuaba conforme a las recomendaciones del Gobernador Regís Post, quien en su mensaje a la Legislatura pidió que se hicieran todas las economías posibles al prepararse el presupuesto. Y en parte, la Cámara actuaba conforme al acuerdo unionista de responder a la hostilidad con la hostilidad. La Comisión de Hacienda de la Cámara introdujo una enmienda que rebajaba los sueldos de todos los funcionarios y empleados con arreglo a la siguiente escala:

Sueldos:

• de $500 a $1.000 – 5%
• de $1.001 a $2.000 – 10%
• de $2.001 en adelante – 15%.5

El Consejo Ejecutivo rechazó las enmiendas de la Cámara creándose un impasse. Ni el Consejo aprobaba las leyes de carácter liberal de la Cámara, ni ésta retiraba sus enmiendas al proyecto de presupuesto. Una tras otra se nombraron tres comisiones buscando un acuerdo y todas fracasaron. Todo esto ocurría a última hora, al cerrarse la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. En un último y supremo esfuerzo por llegar a un acuerdo, se reunieron los concejales Willoughby y Hoyt con los delegados Muñoz Rivera y Carlos Soler. Ante la imposibilidad de llegar a un entendido decidieron Cerrar la sesión ordinaria de la Legislatura y pedirle al Gobernador Post que convocara a sesión extraordinaria, en la que tratarían de saldar sus diferencias.

La sesión legislativa ordinaria terminó ei 11 de marzo de 1909, quedando sobre la mesa el proyecto de presupuesto. El Gobierno de Puerto Rico no podía contar todavía con dinero para sus gastos durante el año fiscal de 1909-1910. Sin embargo, quedaba una esperanza: la sesión extraordinaria y el compromiso de ambos cuerpos de atender a las demandas de cada uno. El Gobernador Post temía que ambos cuerpos no llegaran a ningún acuerdo. Antes de convocar la sesión extraordinaria tuvo una entrevista con Muñoz Rivera, líder unionista de la Cámara de Delegados. Intentó convencerlo de la conveniencia de llegar a un acuerdo con el Consejo Ejecutivo. El propio Gobernador nos cuenta algo de la entrevista:

De la cita anterior se desprende que el Gobernador tenía la convicción de que la Cámara no aprobaría el proyecto de presupuesto para obligar al Congreso a prestarle atención a los problemas de la Isla. Es significativo que el propio Gobernador Post afirmara que el Congreso no atendería a los asunto insulares por falta de tiempo y de interés. La actitud del Congreso hacia los problemas de Puerto Rico era de total indiferencia, especialmente en los años que mencionamos. Y los unionistas buscaban el medio de sacudir aquella indiferencia. El Consejo Ejecutivo les brindó la oportunidad.

Durante la sesión extraordinaria todo siguió igual. Ni la Cámara ni el Consejo hicieron ninguna concesión. El Gobernador amenazó a la Asamblea Legislativa con informar a Washington la situación prevaleciente si no se aprobaba el proyecto de presupuesto. El 16 de marzo de 1909 la Asamblea Legislativa cerraba sus trabajos sin darle aprobación al proyecto de presupuesto. Esta acción equivalía a dejar al Gobierno de Puerto Rico sin dinero para el próximo año fiscal.

Pronto se supo en Washington lo ocurrido en la Isla. Ambos cuerpos legislativos nombraron comisiones para informar al Presidente Taft y al Congreso sus respectivos puntos de vista sobre fo ocurrido y pedir solución adecuada al problema. Los miembros del Consejo Willoughby, Ward y Hoyt pidieron que se enmendara el Acta Foraker para anular el derecho de la Cámara a bregar con el presupuesto. Según ellos, los puertorriqueños demostraron estar incapacitados para usar este poder que la ley les concedía. Igual criterio expresó el Presidente Taft al comentar el conflicto legislativo de mayo de 1909. Afirmaba el Presidente:

Y luego pide al Congreso que:

La prensa norteamericana no reaccionó en forma distinta. Decía el periódico Washington Post en su edición del 20 de mayo de 1909:

La Comisión de la Cámara de Delegados, compuesto por Luis Muñoz Rivera, Eugenio Benítez Castaño y Cayetano CoIl y Cuchí, fue a Washington a defender su conducta y a plantear la necesidad de que se introdujeran enmiendas fundamentales al Acta Foraker. Entre otras cosas pedían el establecimiento de un senado electivo y que a los altos funcionarios administrativos los nombrara el Gobernador en vez del Presidente. La primera enmienda impondría la necesaria separación de poderes legislativos y ejecutivos. La  segunda exigiría de los funcionarios administrativos mayor responsabilidad para el pueblo gobernado.

La misión de la Comisión puertorriqueña no era fácil. Tenían de frente la oposición del Presidente Taft, la prensa norteamericana y la mayoría republicana del Congreso. No obstante, estos tres puertorriqueños plantearon clara y valientemente el caso de Puerto Rico. Hicieron una fonnidable exposición de las causas del conflicto legislativo ante los miembros del Congreso en abril de 1909. Comenzaron diciendo:

Luego le pedían al Congreso:

Este planteamiento serio y bien fundamentado, al igual que la fonnidable intervención del señor Tulio Larrinaga, Comisionado Residente en Washington, se estrellaron contra la detenninación del Congreso de recortar los poderes escasos de la Cámara de Delegados. Así se cumplía la profecía de Muñoz Rivera de que «los burócratas electos por el Presidente, tomarán la parte del león y reservarán a los insulares la otra parte: la del cordero».

El Presidente Taft recomendó al Congreso, como solución al conflicto legislativo, que enmendara el Acta Foraker, disponiendo que cuando la Asamblea Legislativa cerrara sus trabajos sin aprobar el  presupuesto, que automáticamente rigiera el del año anterior. Así se evitaba que el Gobierno pudiera quedarse sin fondos para cubrir sus necesidades. Claro está, una enmienda de esta naturaleza privaría a la Cámara puertorriqueña de todo poder, la reduciría a mero cuerpo decorativo, obligada a hacer la voluntad del Consejo Ejecutivo. El representante norteamericano Olmsted redactó la enmienda que recogía la recomendación del Presidente:

Es bueno señalar que antes de que el Congreso aprobara la Enmienda Olmsted, fue sometida a un duro e interesante debate, en el cual la minoría demócrata se colocó al lado de la Cámara de Delegados, y no solamente combatió la  Enmienda Olmsted, sino la Ley Foraker, que calificaron de absurda y  antidemocrática, indigna de la tradición política norteamericana. Finalmente la mayoría republicana del Congreso aprobó la enmienda el 17 de junio de 1909. Y la Cámara perdía asi tan vital batalla no sin antes lograr que el Congreso fijara su atención en Puerto Rico. La  lucha continuaría hasta tanto no se democratizara el Acta Foraker. El pueblo de Puerto Rico y sus líderes estaban de pie frente al monopolio norteamericano del poder.